Tal es así que, los días lunes 30 y martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre, se realizarán jornadas de visibilización en diferentes sectores y se reducirá la atención al público en edificios y seccionales.
El objetivo es “visibilizar el apoyo y ratificar que una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral”.
El 2 de noviembre, en consonancia con los Parques Nacionales de todo el país, y con el acompañamiento de prestadores y concesionarios turísticos, se cerrarán todos los parques y no habrá atención al público; suspendiendo incluso las excursiones, cerrando los senderos y las áreas de Uso Público.
El Palmar
En declaraciones radiales, Damián Domínguez, guardaparque de El Palmar, recordó que todo se relaciona con el caso que llevó a "imputar a cuatro guardaparques por homicidio culposo, en un hecho que ocurrió el 1 de enero de 2016, en el complejo Lolen, ubicado en San Martín de los Andes".Allí, cerca de las 18, un "enorme árbol de unos 40 metros cayó sobre la playa Catritre, donde un importante número de personas se encontraba pasando el día", agregó. Subrayando que, producto de la caída, lamentablemente "dos menores de 2 y 8 años, perdieron la vida en el lugar".
Domínguez detalló que, a raíz de este hecho, la "Fiscalía Federal imputa por homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves al director del Departamento de Conservación del Parque Nacional Lanín, al director de uso público del mismo parque, al jefe de guardaparques de esa zona y al guardaparque de la seccional más cercana".
Y además, "imputa por homicidio culposo y lesiones graves a los dueños de una concesión que pertenece a la comunidad mapuche", destacó.
Para el guardaparque, "nosotros entendemos que la Fiscalía quiere que sepamos cuándo, dónde, a qué hora y para qué lado van a caer los millones de árboles que hay en el bosque andino patagónico o en este caso las miles y miles de palmeras que tenemos en el Parque Nacional El Palmar".
Protesta
Domínguez aclaró que "todos nos solidarizamos con la familia, por supuesto, pero entendemos que según los peritajes y según los sumarios que hizo Parque Nacionales, no había forma de saber que este árbol iba a caer". Es que, argumentó, "no era un árbol que estaba enfermo ni nada por el estilo, el árbol cayó en su totalidad hacia la playa y lo entendemos como un hecho natural, como un accidente natural".El guardaparque explicó que por la causa "dos prestadores de servicios turísticos ya fueron absueltos dos veces en dos instancias judiciales anteriores y la fiscalía insiste". Es más, mencionó, "esta es la tercera vez que van a juicio los compañeros, tienen su sueldo embargado ya desde el 2016 y es mucho tiempo de angustia".
Por supuesto que "estamos hablando del dolor y con fallecimientos de menores en el medio, es un hecho terrible, que nos cuesta comunicarlo, nosotros tenemos nuestros hijos criándolos dentro de las áreas protegidas pero el hecho de haberse alargado todo esto en el tiempo, se debe a que es la segunda apelación que hace la Fiscalía, buscando culpabilizar a empleados del Estado por un hecho natural".
Lunes, martes y miércoles "los empleados de todos los parques nacionales estamos en asamblea permanente y en el caso de El Palmar, en especial estos tres días, está abierto el camino principal, lo que lleva hacia el área de servicios, el camping, la proveeduría pero los paseos están cerrados porque nosotros estamos en asamblea permanente y no podemos garantizar el mínimo de seguridad", comentó Domínguez.
Además, confirmó que el día 2 de noviembre "cierran todos los parques nacionales del país, vamos a estar en la entrada para que la gente se acerque o los visitantes que no sepan de la medida se puedan informar y poder hablar también con los medios".
El guardaparque insistió en que "escuchando a la fiscalía, ellos entienden que nosotros tenemos que bajar los riesgos en las áreas naturales a cero, que no pueden existir riesgos y es un planteo ilógico; nosotros trabajamos gestionando el riesgo".
A su entender, "va a ser muy difícil abrir las áreas protegidas al público si la sentencia marca en precedente en contra de los trabajadores".
