Según Caminos del Río Uruguay, todo es "con el objeto de preservar la fuente de trabajo de los más de 500 trabajadores directos y de las distintas contrataciones indirectas que afectan a varias de las ciudades del interior de nuestro país, por donde pasa el corredor vial".
Audiencia
La reunión fue dirigida por la jueza Dra. Paula Hualde y participaron representantes de Caminos del Río Uruguay S.A., de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Secretaría de Transporte, la Sindicatura del concurso preventivo de acreedores y los Sindicatos del sector vial, SUTPA y SUTRACOVI.Durante la audiencia, los distintos sectores expusieron ante la magistrada y los funcionarios de la DNV y la Secretaría de Transporte sus posturas respecto a la problemática que conllevaría que el 9 de abril próximo CRUSA deje de operar el corredor y que el mismo pase a manos del Estado, y se expusieron posibles soluciones a los representantes del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, evitando un perjuicio innecesario a la fuente de trabajo. Se manifestó también que, además de la preocupación por la pérdida de los empleos directos de más de 500 trabajadores, se producirá la afectación a las contrataciones indirectas y la disminución del movimiento comercial que hoy genera la actual concesionaria.
Asimismo, se expresó que existe una gran preocupación por la seguridad vial para los usuarios y por el mantenimiento de la ruta a partir del próximo 9 abril, cuando el contrato concluya, y se levanten las barreras y no exista un nuevo concesionario para operar el corredor hasta dentro de varios meses o años, ya que aún no hay siquiera un pliego definitivo de licitación y ésta llevará mucho tiempo hasta su adjudicación definitiva.
En esto, siempre según la firma concesionaria, se remarcó "la contradicción de esta medida por parte de las autoridades del actual Gobierno toda vez que, mientras se proclama públicamente por las autoridades una reducción del Estado en sus diversas áreas y una vocación infranqueable de reducir el gasto público, la decisión de terminar el contrato de concesión pública a CRUSA el próximo 9 de abril sin haber completado un proceso de licitación pública y sin haber designado un nuevo concesionario privado, ello conllevará necesariamente que el Estado deba afrontar los costos del mantenimiento del Corredor Vial N°18 durante todo el período que conlleve el proceso licitatorio hasta que se designe y asuma un nuevo Adjudicatario, lo cual resulta de plazo incierto por las vicisitudes que pueden ocurrir".
La empresa señaló que además que la "Sindicatura concursal también adhirió a la preocupación que le genera la suerte de los empleos, la conservación de la fuente de trabajo y la seguridad de las rutas hasta que exista un nuevo operador vial".
Por último, Caminos del Río Uruguay puntualizó que "ante la falta de una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, se dio por concluida la audiencia, instando la magistrada a que el Estado Nacional analice el procedimiento licitatorio a seguir, el que seguramente se verá afectado por acciones judiciales y medidas cautelares".
