La norma, que podrá prorrogarse por el tiempo que dure la pandemia, establece la eximición “del pago del Impuesto sobre los Automotores
correspondientes a los anticipos 1 y 2 del 2021; del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los meses de enero a julio del año 2021 y
el pago de Tasa por Servicio de Información, Inspección y Control al Transporte por los meses de enero a julio del año 2021”.
Además, mientras dure la emergencia dispuesta en la norma “no se promoverá ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del transporte” y también, “aquellos beneficiarios que hayan abonado algunos de los tributos condonados o eximidos en la presente ley se les reconocerá como crédito fiscal en futuros periodos”.
Estos beneficios “quedan condicionados a que el beneficiario no genere despidos del personal dependiente en la actividad económica, declarada
crítica, durante el período de vigencia de la emergencia. Caso contrario caducarán en forma inmediata”.
El texto considera “situación crítica”, “cuando la facturación correspondiente al mes de abril de 2020, sea igual o inferior a la que
corresponda al mes de abril de 2019, en términos nominales. En caso que la peticionante del beneficio haya comenzado sus actividades con posterioridad a abril de 2019 se faculta a la autoridad de aplicación a utilizar otro tipo de parámetro a fin de determinarla”.
Durante la sesión, Zavallo recordó que el transporte público de pasajeros “se vio interrumpido en casi todas sus modalidades y prestaciones”, durante la pandemia; y puntualizó que “los emprendimientos que brindan servicios escolares (urbanos o rurales); o en su caso servicios de puerta-puerta; en su mayoría se conforman en base a estructuras de micro-empresas familiares o unipersonales que no tienen acceso a los subsidios del transporte de pasajeros y constituyen precisamente la parte de la actividad que ha sufrido las peores consecuencias”.
“En el universo de estos emprendedores afectados podemos detallar a 71 transportistas escolares urbanos radicados regularmente en distintos
municipios de la Provincia”, describió el diputado del Frente Creer Entre Ríos en base al relevamiento realizado por la Secretaría de Trabajo.
En ese marco, “se propone el presente proyecto apuntando justamente a la parte de sector más vulnerable. Propiciando la posibilidad que puedan
recuperarse de manera efectiva en el año 2021, sin exigencias o trabas tributarias que impliquen condicionantes, reconociendo exenciones por el
mismo periodo en que estuvieron imposibilitados en desarrollar la actividad; sirviendo a su vez como una reivindicación por el hecho de encontrarse registrados y habilitados para el cumplimiento de los servicios comprometidos”, concluyó Zavallo.
