En esta causa, el fiscal a cargo de la investigación imputó a un total de cuatro personas, dos de las cuales ya estarían cerrando un acuerdo donde reconocen el delito que se les acusa y evita la instancia del juicio.
Los imputados son el presidente de la mutual, Mariano Guerrero; la secretaria, Delia Catalina Martínez; el tesorero, Carlos Alcides González y Guillermo Schmid, titular de la empresa Infinet SAS, quien adquirió la propiedad.
Según se detalló, Guerrero y Martínez estarían dispuestos a admitir su culpabilidad y a firmar un acuerdo abreviado, a cambio de una condena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que evitarían la pena de cárcel efectiva. El trámite aún no está concluido. Resta la audiencia para que el juez homologue el acuerdo.
Comprador
En el caso del adquiriente Guillermo Schmid, su abogado defensor, Oscar Bacigaluppe, recordó que "desde el principio dijimos que pagamos 90.000 dólares, más gasto de escrituración y una serie de cosas; siempre sostuvimos que no era un precio vil y que esa propiedad estaba afectada como patrimonio histórico, que no se podía construir y había que respetar el frente", entre otras consideraciones que rigen ese tipo de edificaciones.Es por eso, sostuvo el profesional, que el precio "al que se arribó fue resultado de una puja, se pedían 110.000 dólares en un aviso publicado por una persona, cuando se publicó eso mi cliente se interesó, la hizo ver, hizo una contraoferta de 85.000 y le contestaron que no, que se podía arreglar por 90, más gastos, más mensura y alguna serie de cosas".
En contacto con Diario Río Uruguay, el abogado mencionó que en la negociación, su defendido "tenía que esperar un tiempo hasta el momento de que se regularicen los papeles de la mutual y mi cliente aceptó, pero hizo un depósito", para asegurar la operación.
Bacigaluppe rememoró que, en la causa,"se llegó a la conclusión de que, efectivamente, mi cliente no habían tenido nada que ver porque no conocía a ninguno de los integrantes de la mutual y que el negocio se había realizado pura y exclusivamente por un intermediario".
Salida propuesta
Ante esa situación, teniendo en cuenta cómo se planteaba la cuestión "mi parte no tiene - de última - problema en perder la propiedad a cambio de que se le restituya el dinero que andaba dando vuelta ".Según informó, "se avanzó en ese sentido, pero los miembros de la mutual - el presidente y la secretaria - firmaron un abreviado por tres años condicional, por los delitos de administración fraudulenta, destrucción de prueba y una serie de cosas".
En ese contexto, el profesional reconoció que "la situación procesal de mí defendido, hasta la fecha, no está solucionada y estamos a la espera de que pueda ser intervenida la mutual y de esta forma poder retrotraer todo a su estado inicial".
O sea, resumió, la opción del juicio abreviado "no corresponde para el caso de mi cliente, porque todo está dado de que que no exista las más mínima posibilidad de que le pueda achacar mala fe o precio vil, porque todo lo que se discutió, no (fue) con integrantes de la mutual".
Sin embargo, el abogado reconoció que "el único elemento que hay que sostener es que se escrituró por 15 millones y eso indudablemente que se reconoce, que fue un error de asesoramiento pero que no hubo el dolo o la intención de defraudar ni a la mutual ni a nadie".
Según Bacigaluppe "se pagó el precio real y la equivocación fue de mi cliente, de no va a evaluar que estaba comprando a una mutual y no a un particular, él trató directamente con la inmobiliaria, que fue la que manejó todas las formas", subrayó.
