paso trascendental hacia la mayor democratización de su sistema de
justicia penal, al implementar la ley de Juicio por Jurados cumpliendo
un mandato constitucional. Una reforma histórica que no solo generó y
sigue generando la participación del pueblo entrerriano en el
juzgamiento de los delitos con mayor pena, sino que también captó la
atención a nivel nacional e internacional, al ser una de las mejores
leyes del país.
La ley de Juicio por Jurados, que fue fruto del trabajo conjunto entre
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo e instituciones
como el Colegio de la Abogacía, la Asociación de la Magistratura, el
INECIP, entre otras, posicionó a Entre Ríos como un referente en la
región, despertando el interés de países vecinos como Uruguay y Brasil,
así como de Estados Unidos donde esta modalidad, como es sabido, es ya
una tradición arraigada.
Son casi 100 juicios realizados con la participación de juradas y
jurados populares, más de 1000 entrerrianos y entrerrianas han tenido la
oportunidad ser parte directamente en la administración de justicia,
demostrando el compromiso cívico y la capacidad de nuestra ciudadanía
para desempeñar este rol crucial. Estos números no solo reflejan el
éxito de la implementación, sino también la robustez del sistema y la
confianza que los ciudadanos depositan en él. Sin embargo, vemos con
preocupación un proyecto de reforma de la ley tan reconocida que se
empieza a tratar esta semana en la Cámara de Diputados, que pretende
reducir la competencia del jurado, es decir que se juzguen menos
delitos.
Como legislador que formó parte de la creación y sanción de esta Ley
10746 -y autor de la Ley "Ser Jurado" (N°10.779) destinada a preparar el
pueblo entrerriano para ser jurado popular-, considero fundamental que
defendamos con firmeza el espíritu y el texto de la ley tal como fue
votada originalmente, pues en síntesis, ¿por qué modificar lo que
funciona bien?
Es importante que como sociedad también renovemos el compromiso de
proteger la ley vigente y hacer notar la inconstitucionalidad de quitar
delitos del juzgamiento como jurados, se pueden ampliar pero no
restringir una vez que el pueblo empezó a juzgar tales delitos. Es
imperativo que sigamos impulsando medidas que garanticen no solo el buen
funcionamiento del sistema, sino también el derecho irrenunciable de la
ciudadanía a participar activamente en la justicia. Este derecho no debe
ser erosionado, sino que, por el contrario, debemos asegurar que cada
vez más entrerrianos y entrerrianas tengan la oportunidad de ser parte
de este proceso que fortalece nuestra democracia.
