La determinación surgió a partir de la solicitud del propio gobernador Sergio Urribarri ante el Fiscal de Estado, para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal todos los elementos disponibles para contribuir en la acción penal que lleva adelante la Justicia.
En tal sentido este martes el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, solicitó a la jueza Marina Barbagelata lo constituya como querellante en la causa, ya que los hechos denunciados por el titular de ATER podrían encuadrarse en el delito penal de fraude en perjuicio de la administración pública provincial, Art. 174 inc. 5) del Código Penal.
Ir a fondo
La acción del organismo provincial se enmarca en “la decisión de ir a fondo con la investigación que permita determinar las responsabilidades, ante la posibilidad cierta de que se haya cometido un perjuicio a las arcas provinciales”, se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia.
“La mejor forma de contribuir a la acción judicial es participar del proceso como querellante, poniendo a disposición todos los recursos que permitan un esclarecimiento de los hechos”, se señaló, al tiempo que se agregó que “esta posibilidad se complementa con la constitución de la fiscalía como actor civil, en la búsqueda del resarcimiento económico ante las manifiestas irregularidades; tarea que emprenderá en paralelo con la acción del Tribunal de Cuentas”.
Las compensaciones tributarias están regladas por el Art. 75 del Código Fiscal, donde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la Provincia, se aprueban para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía.
Cabe recordar que la Justicia solicitó a la ATER la entrega de las terminales informáticas de los agentes involucrados en la operatoria denunciada, como así también de sus legajos personales y convocó a cuatro miembros del organismo para prestar declaración testimonial durante esta semana.
Según se remarcó desde el gobierno provincial, el período denunciado comienza el 1° de enero de 2012 llegando hasta el presente y el organismo remitió al juzgado el listado de casos de compensaciones que carecen de respaldo documental.
Las empresas locales
Por su parte, el sitio Análisis Digital pudo acceder a un listado parcial de las empresas involucradas, que seguramente generará cierto malestar en ámbitos del urribarrismo. Sucede que en esa nómina aparece, por ejemplo, la empresa El Sembrador SRL, creada por don Miguel Angel Matías Galuccio, en diciembre de 1987, padre del actual CEO de YPF, Miguel Galuccio. Es decir, el funcionario estrella de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que en el 2012 fuera propuesto para el cargo por el gobernador Sergio Urribarri, después de meses de insistirle para convencerlo de la importancia de su regreso a la Argentina, después de estar viviendo en Londres. Don Miguel Galuccio, nacido en 1940, siempre manejó las empresas familiares con sus hijos: El Labrador, Palo Santo y Espinillo. La primera de ellas tiene domicilio fiscal en Blas Parera 1358 y se dedica a la venta al por mayor de bebidas alcohólicas. La actual conformación societaria está integrada por don Miguel, su esposa Elena Coronado y solamente uno de sus hijos: Julio Miguel. Este último, anoche emitió un comunicado de prensa a diferentes medios, donde señaló que la empresa en cuestión "tiene distintas deudas con ATER y está en pleno proceso de regularización de dichas deudas. Asimismo informo que la empresa no ha participado de ninguna maniobra dolosa contra la ATER", agregó. A su vez agregó que "ninguno de mis hermanos es socio, accionista o directivo de El Sembrador SRL", tal como fuera consignado en esta nota periodística..
También de Paraná aparece el supermercado Fontana, ubicado en avenida Churruarín, cuyos propietarios tienen fuertes vinculaciones con el Club Atlético Paraná, recientemente ascendido al Argentino “A” del fútbol nacional.
Siga la Flecha…. bus
No fueron las únicas empresas que sorprendieron a propios y extraños. También aparecen dos firmas pertenecientes a los dueños de Flecha Bus, el grupo monopólico de colectivos con sede central en la ciudad de Colón, actuales propietarios de la mayoría de las empresas del país y con más de miles de unidades. Por un lado, surge Derudder Hermanos SRL y por el otro, Establecimiento Metalúrgico Colón SA. Esta última era la firma comprada por el gobierno de Sergio Montiel, en el 2000, donde nunca se avanzó y por lo cual quedó en manos de los Derudder, en el 2008. Allí existen por lo menos 1.400 carcazas de colectivos, para las diferentes empresas que giran alrededor de los empresarios coloneses. De hecho, el grupo Flecha Bus es hoy por hoy uno de los más cercanos al gobierno kirchnerista, como así también al urribarrismo, a quienes proveen todo el tiempo de sus unidades para actos oficialistas o encuentros militantes. Las dos empresas de los Derudder aparecen en el listado, entre las 12 empresas denunciadas, en el departamento Colón, por 2.745.027 de pesos.
Otra de las firmas denunciadas es la Organización Delasoie Hermanos SA, liderada por Carlos Delasoie, junto a sus sobrinos Mario y Roberto. Delasoie es uno de los hombres más afortunados de la zona, ex presidente del Club La Unión y propietario de por lo menos tres estaciones de servicio YPF en Colón, San José y Villa Elisa. Pero además del negocio del combustible se dedica a la cría de ganado, servicios de alojamiento en hoteles, expendio de comida, producción de huevos, servicio de transporte automotor, venta de motocicletas; de abonos, fertilizantes y plaguicidas; servicios inmobiliarios y construcción, reforma y reparación de edificios, tal como están registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Concordia y la región
De Concordia, las empresas más salientes, en un listado de 8 firmas, son Consumax, Centro Eléctrico SA y Salud Mental SA. Las dos primeras son de Mario Benito Sborovsky, uno de los ciudadanos de mayor caudal económico en esa zona. Además de la conocida tarjeta o financiera Consumax, Sborovsky es dueño de las empresas Las Rosas SA, Creditel Argentina SA, Dilfer SA y Presper SA, siempre en sociedad con familiares directos.
El sanatorio Salud Mental de Concordia sería de propiedad del abogado Jorge Martínez, que no es de esa ciudad. Tiene convenios con el PAMI, alquilaron el ex sanatorio del Sindicato de la Carne para hospital de día y cuentan con consultorios del mismo rubro de salud en la esquina de Rivadavia y Buenos Aires. Al parecer, se encontrarían con algunas dificultades económicas: en los últimos tres años tuvieron 64 cheques rechazados por casi 400 mil pesos, por falta de fondos.
En tanto, en Federación, apareció involucrado el corralón de Claudio María Santiago, por 1.008.378 pesos. Es decir, el monto que mágicamente desapareció de los registros de ATER, por obra de los dos empleados infieles denunciados ante la jueza Marina Barbagelata. La citada firma es proveedora de materiales del municipio desde su creación. Según los registros, su dueño dispone de créditos por más de dos millones de pesos en bancos de plaza de esta provincia y no se observan problemas financieros. Asimismo, hay dos empresas de la familia Berisso de Gualeguay -con sede en Capital Federal- que aparecen en el listado, como partícipes de la maniobra defraudatoria.
