El acuerdo se logró mediante la utilización de los nuevos y modernos mecanismos previstos en la Ley Penal que traen beneficios, tanto para víctimas de delitos como así también para la Justicia y el propio imputado en términos de celeridad, diluyendo conflictos con soluciones alternativas y agilizando los procesos que finalizan de manera práctica.
Asimismo, permite que se destinen dichos recursos a las instituciones de bien público que brindan ayuda a la sociedad, de acuerdo a lo que se informó a un cronista de Diario Río Uruguay.
