Bonelli trabajaba en el campo y su especialidad son los caballos. Hace casi una década, por intermedio de un tercero, consiguió trabajar para un empresario italiano que tiene un equipo de polo en Inglaterra, como petisero. Regresó hace unos años a Chajarí y siguió con su vida. Hasta el pasado 21 de marzo cuando efectivos de la Policía Federal Argentina entraron a su casa y lo detuvieron.
Se hablaba de que estaba fugitivo hacía un año y medio, cuando vivía en Chajarí como un vecino más. Hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich y el vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizaron su arresto para figurar como justicieros de un “delincuente” internacional.
La cuestión es que el Ministerio Público de Venezuela, en el marco de una investigación compleja por contrabando de petróleo de PDVSA, lo señala a Bonelli como testaferro del principal sospechoso, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, quien lo había contratado para cuidar sus caballos.
Bonelli niega haber jamás firmado un papel, un documento ni constituido alguna empresa en el exterior. En rigor, su vida cotidiana y su patrimonio no parecen tener relación con un delincuente de guante blanco que vendió miles de millones de dólares en hidrocarburos.
La extradición aún no se concretó porque mediante su abogada defensora, Mariana Barbitta, viene insistiendo en una serie de planteos que buscan evitar esta medida judicial. Más allá de las cuestiones técnicas de la Ley de Extradición, hay un temor lógico por la situación que se vive en Venezuela, donde las garantías de las personas no están resguardadas. El mismo Ministerio Público que pide a Bonelli es el que solicitó la detención del opositor Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España.
El caso “PDVSA Cripto” y la detención
El caso conocido como “PDVSA Cripto” se trata de una presunta estafa de miles de millones de dólares relacionados con el contrabando de exportación de petróleo venezolano, por parte de una organización liderada por dos empresarios italianos multimillonarios, a través de varias empresas fantasmas. El mecanismo para el robo de hidrocarburos es complejo.Uno de ellos es Erik Roveta, de 47 años, señalado como líder de la red criminal internacional. Lo acompañaba Alessandro Bazzoni, quien había reemplazado al colombiano Alex Saab (señalado como testaferro de Nicolás Maduro) en la venta ilegal del petróleo venezolano en todo el mundo. Junto a su esposa Siri Evjemo-Nysveen, lideraba PDVSA.
Bazzoni es propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la “alta sociedad”, a la realeza y a magnates europeos, según relatan las crónicas sobre el caso.
A partir de esta actividad, Bazzoni se relacionó con Bonelli en 2015, un joven petisero de Chajarí que cuidaba y entrenaba caballos de polo. A través de un tercero pudo hacer el contacto que le abrió puertas que nunca imaginó: viajó a Europa y trabajó en la elite de este deporte.
El año pasado, el Ministerio Público de Venezuela dictó la orden de captura internacional para una docena de involucrados en la trama de corrupción que investigaban, principalmente a Bazzoni como presunto jefe de la trama criminal y ya se nombraba públicamente a Bonelli. Pero el chajariense nunca se enteró de la alerta roja con su nombre. Por eso se sorprendió en la mañana del 21 de marzo pasado, cuando la Policía Federal Argentina irrumpió en su casa de avenida Belgrano.
Las acusaciones contra Bonelli incluyen “los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación”, y “contrabando agravado”.
Indicaban además que Bonelli figura como propietario y ejecutivo de empresas que “se dedicaban a actividades ilícitas como el trading y la adquisición de buques tanqueros, con el objetivo de robar cargas de petróleo para su posterior venta como si fueran de producción legítima”.
A su vez, lo sindicaban al hombre de Chajarí como el testaferro de Bazzoni y las autoridades argentinas ya lo condenaban. “Forma parte de una red de corrupción que involucraría a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el exvicepresidente Tarek El Aissami”, sostenian.
