Por lo pronto, el letrado explicó que “la imputación es falsificación de instrumento público y defraudación al Estado Nacional”.
“En primer lugar, nosotros tuvimos acceso al expediente digital, que por cierto es enorme. Arranca con una denuncia anónima durante el mes de diciembre del año 2022 y, desde entonces, se comienza a colectar pruebas de diversas índoles como escuchas, afirmaciones, testimoniales”, condición que “hace que el peso probatorio, al día de hoy, sea sumamente frondoso”, precisó Jauregui.
En cuanto a la defensa, manifestó que “tendríamos elementos como para encuadrar el día de mañana, luego de aceptar el cuadro y que se lleven adelante las indagatorias, vamos a hacer uso del derecho de abstención”.
Asimismo, apuntó que “no depende de nosotros, pero según el Código Penal Federal, en principio, entendemos que estamos encuadrados como para pedir mañana la libertad de nuestros defendidos”.
Finalmente, adelantó que “después se tendrá que seguir la investigación y habrá diez días para que se resuelva la situación procesal”.
Además, comentó que “como -los imputados- se presentan, están a derecho y no hay riesgo de entorpecimiento ni de fuga, entendemos que el instituto mencionado es aplicable plenamente y no están encuadradas las restricciones que ameritarían una denegatoria de nuestro pedido”.
