Los policías están acusados de ser los responsables
de la toma violenta de la Jefatura y sospechados
de haber alentado los saqueos coincidentes.
Sin olvidar que a algunos de los implicados
se les secuestró elementos robados en los comercios
violentados.
Esta semana volvieron a conocer dos nuevas resoluciones que complican la situación de los policías que fueron responsables de la violenta toma de la Jefatura Departamental de Policía el 8 de diciembre pasado. Un hecho que llamativamente concordó con el inicio de saqueos y desvalijamientos a varios comercios de la ciudad, principalmente de electrodomésticos.
Este martes se hizo una audiencia donde uno de los funcionarios policiales (suboficial Juan Manuel Rosas), a través de sus defensores técnicos solicitaba una morigeración de la prisión domiciliaría, “para poder tener salidas laborales, argumentando que gana poco”, ya que ante el avance del proceso están recibiendo como remuneración la mitad del sueldo y esto le genera problemas económicos. “Pero el planteo fue desestimado”, destacó el Fiscal Mario Guerrero, que investiga la causas desde sus inicios.
El funcionario dijo que el motivo fue el mismo utilizado para dictar la prisión preventiva, “porque la libertad del imputado traería aparejado un entorpecimiento (de la investigación) que ya se analizó en todas las audiencias y que fue acreditado y comprobado por todas las salas”.
Rechazo a otros planteos
Por otro lado, el mismo Fiscal Mario Guerrero informó a Diario Río Uruguay que la semana pasada “se tomó conocimiento del rechazó de casi la totalida de los planteos de la defensa”, quedando subsistente solamente el tema de la prisión domiciliaria, “pero eso ni quita que se puede hacer la audiencia de remisión y empezar el juicio lo antes posible”.
La “cuestión técnica” resuelta por el máximo tribunal en el orden provincial deja abierta la posibilidad de que “el Juez de Garantía (Dr. Ives Bastián) fije la audiencia de remisión a juicio, y en esa audiencia la Fiscalía ofrecerá sus pruebas y las Defensas también”, reiteró Guerrero, tras lo cual se pasaría a la instancia de la Sala Penal y ésta definir la fecha del juicio propiamente dicho.
Para el fiscal de la causa “está todo dado para poder hacerlo este año” a dicho juicio, admitiendo que “esa es la pretensión de la Fiscalía, inclusive en beneficio de los propios imputados, por el estado de incertidumbre en el que están hoy”.
