Ante esto se puso en conocimiento a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Azcue y Montangie, para poder avanzar en la investigación y de esa forma demostrar la causal y autores de los diferentes delitos, como consecuencia del uso de armas de fuegos. De acuerdo a lo que detallaron los investigadores, el trabajo fue con total hermetismo, durante varios meses y en forma reservada. Además, se desarrollaron una serie de medidas técnicas con el fin de obtener la mayor información, lo que se dificultaba claramente, por el tipo y actividad de delito desplegado, lugar geográfico y virtud de los operadores, para sortear la investigación policial judicial. Fuentes de la investigación remarcaron que con el avance de los meses, se logró conocer a los integrantes de la organización, su vinculación y función de cada uno, “quedando demostradas claramente las actividades desplegadas por cada uno”. Señalando que “la compra y venta de cartuchería, armas y chalecos antibalas y estupefacientes, eran un común denominador entre las palabras y acciones que desarrollaban diariamente los detenidos”. Además, subrayaron que “el conocimiento que tenían los integrantes de esta banda sobre los elementos balísticos que utilizaban, en relación a calibres y aptitudes de funcionamiento entre otros”. El diagnóstico de las fuerzas de seguridad apunta a que “la violencia desplegada por los investigados, iba en forma ascendente”. Sumando a que “había una clara violencia sin importar las consecuencias físicas de terceros, cada vez que utilizaban armas de fuego, las cuales, por los calibres que se detallan se corresponden con los peritados en cada hecho investigado que se imputan, siendo calibres de alto poder de fuego”. Otro dato que surge es que “todos los investigados actuaban en forma estructural, jerárquica, donde los que cumplen un rol superior en la pirámide, ejercían una función preponderante sobre los demás masculinos que los acompañaban al momento de cometer los delitos, quienes lo identifican y respetan, no solamente por sus conocimientos en materia delictiva y vinculada a las armas de fuego, sino con la gravedad que accionaban contra las personas y cosas, quedando este raid delictivo claramente demostrado en los diferentes hechos investigados”. Fuentes oficiales señalaron a este medio que, como derivación de la investigación, se estableció que la tenencia, fraccionamiento, distribución y venta de estupefacientes (marihuana y cocaína) eran el problema central en la zona geográfica investigada, teniendo dos apéndices. Uno de ellos es el aglutinamiento de personas jóvenes que actúaban como “brazo armado”, con diferentes acciones, los que a cambio de dinero y o estupefacientes, actuaron muchas veces como “sicarios”.
El tercer complemento es el robo, donde lo obtenido a través del delito era inmediatamente intercambiado por droga o plata a las personas que venden estupefaciente, cumpliendo funciones de entidad financiera ilícita. En la investigación también se señala que esta banda tenía su ocupación territorial en una zona determinada principalmente por el barrio “El Sapito”, “Las Tablitas”, “José Hernández” y “El Silencio”, tomando el control absoluto de esas zona y captando a menores a muy corta edad, como quedó demostrado en la investigación. Además de someter a vecinos en forma violenta, quienes se tenían que retirar del barrio, abandonando sus propiedades. Tal es así que la banda, con su accionar, “desplazaban muchas instituciones, creyéndose ellos los dueños, o lo que es peor aún, el Estado”.