Agrandar imagen Confirman once robos y la mayoría de ellos fueron del lado argentino.
Confirman once robos y la mayoría de ellos fueron del lado argentino.
En suelo charrúa se vive hace tiempo una crisis política en su Delegación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por una serie de irregularidades en los contratos celebrados y por "uso discrecional" de los recursos.

Tal es así, que el canciller Omar Paganini debió concurrir este martes al Parlamento de ese país, donde debió admitir que hubo un "uso discrecional" de los recursos en Salto Grande, pero que se está "intentando corregir".
Irregularidades
Paganini compareció ante la comisión permanente del Parlamento, que lo convocó para conocer la situación actual de la Comisión Mixta de Salto Grande, luego que en 2023, tras una interpelación al canciller Francisco Bustillo, la Cámara de Diputados pidiera la remoción de todos los ediles que habían sido contratados en ese organismo de forma discrecional.

El presidente Luis Lacalle Pou ya había reconocido un "uso abusivo del mecanismo de contratación directa" en ese organismo y el escándalo vinculado a los ingresos derivó en la renuncia del presidente de Salto Grande, Carlos Albisu.

Durante la comparecencia de este martes, el canciller aseguró que de los 35 contratos realizados de forma directa ya se corrigieron 23. "Es bastante", aseguró.
Robos
Fue en el marco de esta presencia del canciller Omar Paganini, donde la oposición -con el Frente Amplio a la cabeza- también puso el foco sobre otro tema y preguntó sobre los recientes episodios de once robos de materiales en el extenso Complejo Hidroeléctrico.

Según se informó, nueve de ellos ocurrieron en la subestación perteneciente a la margen Argentina, otro en el Laboratorio de Aceite y uno en la Barrera Salto. La mayoría de estas situaciones están a estudio de la Gendarmería Argentina, mientras que del lado uruguayo se abrió una investigación administrativa por un hurto en 2021, que aún está en curso.

En Uruguay afirman que la delegación indicó no tener, hasta el momento, una "evaluación económica" del impacto de estos delitos.
Fuente: El Observador.