Tal como informara oportunamente Diario Río Uruguay, se trata de una causa que en febrero de este año, por orden del Juzgado Federal de Concordia, personal de GOIP dependiente del Escuadrón 4, iniciaron tareas de investigación por la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales para realizar trámites para pensiones no contributivas por invalidez.

Durante 10 meses, los uniformados reunieron información, realizaron tareas de campo, efectuaron búsqueda en distintos bancos de datos y lograron identificar a punteros barriales, personal médico y líderes de la organización.

Se pudo constatar que hay gente que estuvo recibiendo mes a mes dicha pensión y otras personas que estaban con sus carpetas en trámite.

En ese marco, efectivos de Gendarmería efectuaron veinte allanamientos en domicilios particulares en Concordia (excepto uno que fue en la localidad de Aldea Brasilera y en Concepción del Uruguay) y las inspecciones de un organismo estatal y una organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad.

Como resultado de las pesquisas, los funcionarios hallaron documentación de interés para la causa (libros de actas, prescripciones médicas, comprobantes de pago y transferencias, certificados de evaluación de discapacidad, entre otros documentos), 4.447.110 de pesos, armamento (cuatro rifles, tres revólveres y 195 municiones de distintos calibres), dosis de cocaína, marihuana y tres plantas, 28 celulares, 18 computadoras, pendrives y otros dispositivos con información.

Por disposición del Magistrado interviniente, los efectivos de la fuerza procedieron a la detención de cuatro personas y otras nueve, quedaron supeditados a la causa.