La explicación que dio la chica no fue suficiente para evitar que tanto ella como su hermano fuesen procesados con prisión preventiva, al igual que otras 20 personas de la organización de estafadores.
La resolución del juez Manuel De Campos, del Juzgado de Instrucción N° 5 de Buenos Aires, traza un panorama del peligro que atraviesa la sociedad con los delitos informáticos.
Se advierte una ampliación de modus operandi delincuencial, una reducción de costos para lo que significa la materialización de estos delitos, la existencia de medios que permiten transmitir fácilmente el know-how delincuencial, la posibilidad de concretar los ataques desde y hacia cualquier lugar del mundo y una tendencia marcada de reemplazar viejas formas de criminalidad económica por estas nuevas
Tal como se ha visto en Entre Ríos, sobre todo a lo largo del año pasado desde los cambios que devinieron con la pandemia, “demuestra que las consecuencias las sufren personas reales” con “graves y prolongadas implicancias, a punto tal de poder desarmar el perfil financiero del blanco del ataque y generar deudas que, en muchos casos, no se pueden afrontar”, destaca el juez.
Al tiempo que detalló que “en ninguno de los hechos incorporados a este proceso, que habrían sido cometidos por una misma organización, la víctima del delito es una empresa multinacional, un banco, una entidad financiera o una institución gubernamental; por el contrario, en su gran mayoría son docentes, jubilados o empleados administrativos”.
Esta organización utilizaba distintos ardides, algunos conocidos, pero particularmente contactaban a sus víctimas a través de la aplicación para citas Tinder, y luego de un tiempo lograban hacerse de sus datos bancarios y que les hicieran transferencias bancarias.
A diferencia de otros grupos que se han detectado funcionando desde distintas provincias y desde unidades penales, esta banda actuaba con integrantes en el exterior. Contaba con “mulas bancarias” o “mulas de dinero”, reclutadas “para colocar a disposición las cuentas bancarias y para cumplir con la labor de extraer el dinero acreditado, o volver a transferirlo o depositarlo en otras cuentas; todo a cambio de una comisión”.
“El producido económico del delito y presunto financiamiento de actividades en otros países”, destacó De Campos.
Por ejemplo, mencionó que “se ha enviado dinero a Nigeria, del cual son nacionales dos personas acusadas, y a personas ubicadas en distintos lugares del mundo”.
Una vez concluida la investigación a cargo de la Policía Federal, se hicieron a fines de agosto múltiples allanamientos en barrios de clase media y media alta de la ciudad Buenos Aires, en las provincia de Buenos Aires y en San Luis, y en Entre Ríos en el domicilio de los hermanos sospechados, en la ciudad de Concordia. Más precisamente, en la vivienda de calle Gobernador Cresto, que había sido apuntada en distintos informes de la Delegación local de la Policía Federal. Pero no los encontraron allí, ya que ambos estaban en la Capital Federal.
El principal buscado, Obina Chukwuemeka Ejikeme no fue localizado. El hombre nigeriano más conocido como Bobby, está señalado como “uno de los líderes de esta empresa criminal, por lo menos a nivel local o regional”. Lo sigue John Umede, “quien ocupa un lugar dentro de la parte superior de la estructura criminal, considerado uno de los organizadores de la asociación”.
Luego vienen dos grupos, uno integrado por seis personas, algunos de ellos extranjeros, en un nivel intermedio de la banda, quienes “abrieron una gran cantidad de cuentas bancarias y las colocaron a disposición permanente de la asociación, para que se pudiera depositar/transferir en ellas el dinero obtenido por los engaños”. También “se encargaban de reclutar a otras personas para que pusieran sus cuentas bancarias a disposición”.
Justamente entre aquellos reclutas se encontraban los dos hermanos concordienses y ocho personas más. “Son considerados miembros de la agrupación criminal porque pusieron sus cuentas bancarias a disposición permanente del accionar criminal, recibían directivas, trazaban planes delictivos, tenían el acuerdo de entregarles el dinero obtenido -descontando el porcentaje que les correspondiese- y, en su gran mayoría, trataban de reclutar a otras personas”, sostuvo el juez en el procesamiento.
El primero en entrar a la banda con este rol fue del joven, un barman de 26 años, quien luego sumó a su hermana “para que colocara su cuenta bancaria a disposición”, pero además “sirvió de testaferro (de dos integrantes de la organización) para la obtención de un vehículo con sus datos personales, pero que utilizaran estos últimos y en sí era propiedad no declarada de ellos”.
Ambos participaron de esa manera en numerosas operaciones delictivas de estafas, que se enumeran en el procesamiento. Por ejemplo, en una de ellas le sustrajeron a una mujer 278.000 pesos, para tener una idea de los montos que robaban.
Al igual que la joven, no negó haber prestado su cuenta bancaria, pero de algún modo se justificó, al sostener que nunca les preguntó a sus amigos por el origen del dinero de las transferencias que recibía, como así tampoco lo sorprendieron las sumas de dinero involucradas, en tres operaciones probadas. Afirmó que “jamás” pensó que podían estar haciendo algo fraudulento, pero que le quedaba un dinero que por la situación que estaba atravesando, le venía bien.
Ambos fueron procesados como miembros de una asociación ilícita de carácter transnacional y coautores del delito de estafa, y quedaron con prisión preventiva, además de ser embargados en 15 millones de pesos.
