El letrado precisó que hay un interrogante que fue “el porqué hicieron firmar el acuerdo” salarial si no era válido, aunque para el abogado realmente sirvió y fue eficaz.
Luego mencionó que se llamó al obispo y al sector empresarial para intervenir, pero al final no se terminó cumpliendo el acuerdo (por los 10000 pesos) y que en rigor fue eso lo que provocó el enojo de los imputados. Agregando que “se decía que el gobierno estuvo presionado esos días (sobre el 8 y 9 de diciembre), pero en realidad estuvo bajo presión desde el 6 hasta febrero o marzo de 2014”.
Por otro lado mencionó que el gobierno tenía la necesidad de que se solucione el conflicto y que los policías queden satisfechos con la reforma salarial, ya que era importante porque se necesitaba intervención y compromiso por parte de los uniformados. Llegando a señalar que “el acta de acuerdo le implicó al gobernador su continuidad en la gobernabilidad”
Alegato de Bacigalupe
Luego del alegato de Cantallops llegó el turno del abogado Oscar Bacigalupe, defensor de seis de los imputados (Orlando Troncoso, Maximiliano Paredes, Hernán Diferding, Horacio Imaz, Luis Carlino y Fabián Valdez).
Este abogado comenzó señalando que la causa tiene un origen dudoso o poco probable, ya que pasados los 40 días se hace la detención, junto a los allanamientos en las viviendas y los vehículos de los imputados.
Entre sus objeciones apuntó que “la orden de allanamiento puesta por el juez de garantía no pide en momento alguno que se trate de ubicar el DVR (videovigilancia de las instalaciones)” ya que “ese elemento fue utilizado en contra de todos los imputados de manera coincidente y permanente”, pero que según su parecer “estamos en una instancia que todos los imputados son inocentes, y no sabemos quién sustrajo el DVR”.
En cuanto a la organización de la protesta, para Bacigalupe “hay que fijarse en los petitorios y uno se da cuenta que no había organización de nada”, expresando que “sino se ponían de acuerdo para pedir, se van a poner de acuerdo para tomar algo”.
Otro dato al que apuntó fue “al famoso mensaje de Las Palmeritas (centro comercial) que nadie vio”, preguntándose si realmente “¿podemos mencionar que hubo una organización previa?”, argumentando que “los imputados no eran amigos o formaban una organización entre ellos”.
También intentó desacreditar los testimonios que mencionaron el uso de armas por parte de los que tomaron la Jefatura, mencionando que en un presunto tiroteo en la peatonal “donde se habría apuntando a un comerciante, allí se menciona que se cree que eran policías porque tenían el pelo corto, pero no hay nada concreto sobre si eran los imputados”.
El otro dato es el gas pimienta, a lo que atribuye que” si hubiese sido gas pimienta hubiese tenido otras consecuencias sobres los afectos, por lo que seguramente lo que haya lanzado no sea este gas”.
También se refirió al testimonio del periodista Horacio Osorio, a quien sindicó como “un abonado de la fiscalía”, atribuyéndole erróneamente que “vio un grandote que portaba una escopeta” al que -según el abogado- “le dijeron que con armas no se podía ingresar a la Jefatura”, lo que de acuerdo al entendimiento del abogado defensor probaría que no había armas de fuego en el interior de la toma ese 8 de diciembre.
Como así también intentó desacreditar el aporte de un testigo de apellido Martinez ya que “si bien (esta persona) vio algunos civiles con armas, no sabe si eran los imputados”.
La causa continuará este miércoles 1 de julio con el alegato de Edelmiro Díaz Vélez, para luego dar lugar a la instancia de las réplicas.
