A ello, Giorgio entendió que era "grave la realización de juicios abreviados por los saqueos" a quienes fueron acusados y llevados ante la justicia, y mencionó que "hay incongruencias porque ahora plantean que hubo instigación" por parte de los uniformados.
"Nadie interpretó en su momento que hubo sedición. Tenemos pruebas de eso con testimonios del gobernador, del ministro (Adán) Bahl y autoridades policiales" sostuvo Giorgio, mientras exhibía las tapas de los diarios de esos días.
"Estas acusaciones de sedición son para tapar las ineptitudes de las autoridades provinciales y policiales en resolver una situación", dijo el defensor, a la vez que reconoció que el reclamo salarial puedo haber sido "violento". Según Giorgio, los saqueos fueron producto de un "aprovechamiento de los delincuentes comunes", alejando la idea de que los imputados hayan tenido algún tipo de responsabilidad.
Por su parte, Juan José Buteknica, consideró que los alegatos de apertura del fiscal Guerrero fueron “parciales e incorrectos” y entendió que se estaba “causando más dudas que certezas”.
A su término, Oscar Bacigalupe, entendió que se había arribado al juicio oral “con una serie de irregularidades jurídicas y administrativas” y amplió que existen un importante número de uniformados dentro de la fuerza “con sumarios sin resolver”. “No estamos ante un juico que se avecine como justo. Este juicio no puede arrancar sin hablar de que sedición se habló después de un tiempo de la firma del acuerdo”.
El letrado puntualizó que el convenio firmado con los agentes “fue un acuerdo con firma del gobernador sin partida presupuestaria”. Más adelante señaló: “Este es un juicio jurídico-político donde se va a demostrar las incapacidades políticas que siempre se habían venido resolviendo por carriles normales durante la democracia”.
“El gobernador jamás insistió en que (los agentes) debían abandonar la jefatura, con lo que eso apoya que no hubo delito de sedición”, afirmó Bacigalupe.
Para el abogado, “los jefes de la policía local son los que determinan lo que dice el fiscal. El jefe determina quienes eran los más agresivos y la fiscalía tuvo poca participación”, y mencionó que “los autores de los hechos fueron determinados por la propia policía”.
En ese contexto, el abogado Edelmiro Díaz Vélez dijo haber hallado “errores en la instrumentación de los actos jurídicos” y amplió que “es inadmisible que 18 imputados estén en una sola causa cuando los hechos son diversos. Se transforma en genérica y no específica”.
Para el defensor, “se ha violado con precisiones el artículo 1º del código del procesamiento penal” y amplió que en la instancia previa al juicio los jueces de garantías “no han intervenido en las cuestiones de fondo que he planteado sistemáticamente antes de llegar a este proceso”.
Sobre el final, Díaz Vélez dijo entender que “los que han dirigido esta investigación han sido los funcionarios policiales de mayor jerarquía” y añadió que veía un “pase de facturas”, afirmando que “acá han existido una acomodación de los hechos”.
