La magistrada consideró que los hechos no configuran “los extremos identificatorios de violencia”.
En este marco, exhortó a las autoridades del Poder Legislativo para que “se verifique el cumplimiento de la capacitación en cuestiones de género establecida por la ley 27.499, facilitando a los miembros de cada cuerpo las instancias de capacitación correspondiente”.
Recomendó además a las autoridades “la implementación de un protocolo de actuación para las denuncias de violencia de género”.
