De esta manera se busca descomprimir la abarrotada sede penitenciaria local, considerando que son delitos menores y que estos “nuevos” imputados no cuenta con antecedentes que acrediten peligro de fuga.
La ley 26.695, de estímulo educativo poco puede hacer con una sobrepoblación y con solo dos aulas para dictar cursos que permitan terminar la primaria o la secundaria, a lo que se suma que estas instalaciones no cuentan con siquiera sanitarios. Vale remarcar que la oferta de talleres de peluquería o electricidad son los que tuvieron una buena respuesta de convocatoria entre quienes persiguen su reinserción en la sociedad al momento de la salida.
Por otro lado, un relevamiento del propio poder judicial apunta que el perfil de quienes están cumpliendo penas se compone en su mayoría por jóvenes entre 18 y 40 años, quienes “cayeron” con penas por robos, abusos y homicidios. Asimismo surge que una buena parte de los reclusos no logra tener el acompañamiento necesario para alejarse del consumo de drogas.
Uno de los pabellones que tiene la UP3 son exclusivamente para delitos de índole federal, entre los que están quienes cumplen condena por narcotráfico, trata de personas o usurpación de marcas, entre otros.
Desde el año 2012 duerme en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de Ley para modificar el reglamento de las alcaidías policiales, paso obligado para quienes cumplían prisiones preventivas, hasta que –tras la muerte de un agente en enero pasado en Concordia- se dispusiera el cumplimiento de esas sanciones en las propias cárceles. Vale remarcar en este sentido, que el reglamento policial que continúa vigente fue creado bajo los gobiernos de facto y aún no ha sido adecuado a los tiempos de la democracia.
Históricamente, los anuncios de la creación de unidades penales modelo en Entre Ríos, que buscan la reinserción de los presos hasta el momento no pasaron la categoría de anuncios, los cuales se van perdiendo en el tiempo al no tener el respaldo de un presupuesto acorde.
