Al comunicado de solidaridad se sumaron el Consejo Directivo y la Comisión de Género de la institución que preside y enfatizaron “la necesidad de que se realicen, dentro del ámbito de la legalidad y con amplia libertad, por parte de los jueces y fiscales, este tipo de investigaciones, relacionadas con delitos que implican – ni más ni menos – vulneraciones de normas constitucionales, de tratados internacionales de DDHH, amén de las disposiciones del Código Penal Argentino y que afectan la dignidad de las personas. De allí la necesidad de que sean aclarados estos hechos”.
López Arango también advirtió que este tipo de procedimiento llevado a cabo por la fiscal Penon y ordenado por el juez Rondoni Caffa, “no puede jamás utilizarse como justificativo de parte del personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de Federación, ni por ninguna otra repartición, para no atender llamadas por violencia de género u otros casos urgentes, debiendo arbitrarse los medios para tales efectos”.
Finalmente, desde la Asociación de Magistrados de la provincia de Enrte Ríos se bregó por “una investigación libre y sin interferencias para el pronto esclarecimiento de los hechos”
