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Según pudo confirmar Diario Río Uruguay, la pesquisa -dirigida por la Jueza Federal Analía Ramponi- incluyó escuchas telefónicas, allanamientos y tareas de inteligencia, como así también la colocación de dispositivos de GPS en automóviles de los involucrados. Esta herramienta permitió establecer que el grupo estaba dedicado al tráfico de clorhidrato de cocaína, al menos, desde el mes de febrero del presente año.

A los procesados se les imputó la participación en esta estructura criminal, la cual operaba de manera coordinada y actuaba bajo la dirección y financiamiento del empresario José Luis Machado, quien ostentaba rol de financista y organizador principal.

Fue a esta persona a la que se le realizó uno de los allanamientos más resonantes, ya que el mismo se concretó a solo media cuadra de la plaza 25 de Mayo de Concordia, sobre calle Pellegrini y a una cuadra de la Jefatura Departamental de Policía.

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Según se determinó en la investigación, aquél era quien negociaba directamente con proveedores de la provincia de Misiones, teniendo vínculos en Argentina y Ciudad del Este (Paraguay) para la adquisición de sustancias estupefacientes, las cuales luego distribuía a través de su red.

El grupo contaba con roles claramente definidos: mientras Machado dirigía y financiaba las operaciones, los otros miembros se encargaban de la comercialización y distribución de la droga en bocas de expendio distribuidas en las mencionadas localidades de Entre Ríos, para luego dar cuenta de las ganancias obtenidas.

A partir de la resolución, se mantuvo la detención de su líder y, además, se procedió al embargo de los bienes de los distintos procesados por montos que ascienden hasta la suma más de 89 millones de pesos para el caso del financista y 5 millones para el caso de los vendedores.

Las autoridades no descartan la participación de otras personas aún no identificadas, por lo que mantiene activa la investigación, en la Secretaría Penal del Tribunal, a cargo del Dr. Alan Bergdolt.