La última parte de la saga ocurrió durante este sábado 26 de diciembre, luego que el juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Furman, hiciera lugar al pedido de Dolores (a quien incluso reconoció como “víctima de violencia de género del tipo económica”) y dictó medidas cautelares para que pueda acceder una de las propiedades que tiene la familia y que pertenecen a la sucesión aún irresuelta tras la muerte de su padre Luis Félix, conocido como Zahorí.
La mujer que denunció a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián y su madre Leonor Barbero Marcial fue autorizada legalmente a habitar una vivienda que es lindante, precisamente, a quienes denunció en la Bajada de los Vascos, camino a la Costanera de Paraná. Lugar al que llegó este mismo sábado junto a sus abogados, oficiales de justicia, un cerrajero asignado por el juez, la Policía e integrantes del Proyecto Artigas, colectivo que integra junto a Juan Grabois.
Pero para sorpresa de todos, a las pocas horas de la primera resolución, se apersonó otro grupo de agentes de la Policía de Entre Ríos y dio a conocer que esa primera medida cautelar establecida por el juez Furman quedaba sin efecto.
De acuerdo a lo que se puede escuchar señalar al policía encargado de leerle la nueva resolución, la misma se toma por “la imposibilidad de cumplir la medida” que había rubricado en la mañana. Argumentando que “para no poner en riesgo la integridad de Dolores Etchevere” es que “le hago saber que dejo sin efecto lo ordenado el día de hoy”.
