Este último aspecto fue confirmado a Diario Río Uruguay por efectivos de la fuerza y fuentes judiciales, quienes señalaron que el hombre -de 44 años y que sería de apellido Llanos- actualmente vive en Concordia pero no prestaba funciones en la fuerza por su condición ante la Justicia. Agregando que su último destino había estado en otra ciudad de la provincia.
Entre las restricciones previas aplicadas, el ahora condenado solo cobra una parte de su remuneración. Aunque de quedar firme la sentencia conocida esta semana, la investigación interna de la fuerza terminaría dando de baja al uniformado.
Pruebas contundentes
Antes que se conociera la sentencia, el abogado Rodríguez Allende declaró a El Once Digital que se trataba de “un hecho tremendo, de suma gravedad, y las declaraciones testimoniales de las víctimas concuerdan absolutamente con las demás probanzas. Las testimoniales, más allá de las declaraciones de las víctimas que han sido contundentes, también fueron contundentes las declaraciones de los padres de la menor que ratifican la forma, el modo y el tiempo en que toman conocimiento de las diferentes violaciones”.
Para explicar también que “este tipo de abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual simple, son de difícil probanza porque ante las declaraciones testimoniales de las víctimas, muchas veces está la defensa que esgrime el imputado; pero esas declaraciones testimoniales se mantuvieron a lo largo del tiempo, fueron coherentes y objetivas, y se ratifican con otros elementos probatorios muy importantes”.
El abogado querellante había pedido la pena máxima para este tipo de delitos, consistente en 15 años de prisión, pero el tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Hugo Perotti y Gustavo Mayer lo condenaron a una pena de 10 años de prisión.
El policía condenado no se puede acercar a la casa de las víctimas ni mantener contacto con los padres. Además no podrá salir del país ni moverse de la ciudad de Concordia sin comunicarle a la Justicia sus pasos.
Familiares amenazaron a abogados y periodistas
Según consigna el diario Uno de Paraná, el abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende fue amenazado por familiares del policía condenado por violación y abuso. Esta nueva causa recayó en el Juzgado de Instrucción en turno a cargo de Marina Barbagelata.
Tras la intimidación contra el letrado, la justicia actúo de oficio.
La amenaza ocurrió el pasado martes 10 de junio, una vez finalizados los alegatos, donde Rodríguez Allende pidió 15 años de prisión para el uniformado. Esta solicitud ofuscó a los familiares del subcomisario. A esto se suma que este viernes, tres mujeres agredieron verbalmente a los periodistas y fotógrafos que estaban en el pasillo de Tribunales aguardando que se conociera la sentencia. Las mujeres llegaron a tomar fotos de las personas que estaban en Tribunales y prometieron vengar la condena de su familiar.
Foto: Diario UNO
