Si bien el flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, dispuso la creación y formación de un grupo especial de auditores, que fue anunciado oficialmente, los técnicos de ATER siguieron investigando lo sucedido entre enero de 2012 y enero de 2008, por orden expresa del titular del organismo, Marcel Casaretto.
En enero de 2008, al frente de la entonces Dirección General de Rentas quedó Guillermo Linesky y como director de Interior asumió Darío Barreto, el contador público oriundo de San Salvador y uno de los hombres al que se apunta como supuestamente conocedor de los hechos en cuestión. Siempre resultó extraño por qué en la lista de empresas que hicieron fraguar sus registros de deudas en ATER, una de las ciudades más “beneficiadas” resultó ser, justamente, San Salvador: un total de 11 firmas. Es decir, casi el 20 por ciento del total de la nómina.
En el oficialismo no dudan en la necesidad de llegar hasta por lo menos enero de 2004. O sea, a escasas semanas de asumido Jorge Busti como gobernador, en su tercer mandato, iniciado el 11 de diciembre de 2003 y en la que Urribarri llegó a ministro de Gobierno y Diego Valiero a Economía. Los investigadores entienden que el desfalco, por lo menos, habría empezado a comienzos de tal gestión y por ello fue que Smaldone, el titular del Tribunal de Cuentas, ordenó que la pesquisa arranque en ese mes y ese año.
Lo saliente de todo esto es que Busti y Valiero designaron, en enero de 2004, a Aurelio Miraglio al frente de la desaparecida DGR. O sea, el mismo funcionario que en la actualidad está al frente de la Contaduría General de la provincia y quien define las imputaciones de las compensaciones de pago a las empresas que lo solicitan, al inicio del expediente en ATER.
Fuente: Análisis Digital
