El primer asunto planteado por el titular de la Asociación de Fiscales, Marcelo Varona, fue el de Goyeneche. Junto con otros 4 “casos testigos” fue parte de una muestra, aseguró, de cómo se vulnera la independencia judicial en la Argentina.
Con respecto a la procuradora Adjunta, que Varona presentó como fiscal Anticorrupción aunque en rigor no posee esa investidura constitucional, aseguró que es uno de los “más graves”. En la lectura de estos argumentos, el titular de la entidad repasó que Goyeneche tuvo una importante actuación en el denominado “Megajuicio” que se le siguió al ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares, y en la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contratos ficticios.
Varona sólo consignó que Goyeneche “dirigió” la investigación, pero no precisó que fue removida por el Procurador General Jorge García a siete meses de iniciada cuando quedó embargada por los negocios en conjunto que tenía con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
“La respuesta no tardó en llegar – señaló Varona – En el marco de esa causa se difundieron múltiples noticias falsas sobre la persona de la fiscal Goyeneche. Luego de dos años y medio de investigación, y justo cuando la causa avanzó a la etapa de juicio oral, varios abogados defensores denunciaron ante el Jury a la Dra. Goyeneche por un supuesto mal desempeño de su cargo. Le endilgaron que debía haberse excusado de intervenir en el proceso pese a que eso había sido el fundamento de un planteo de recusación desestimado en tres instancias judiciales”.
El titular de la Asociación de Fiscales no especificó cuáles fueron las noticias falsas publicadas sobre la Procuradora Adjunta. Y obvió mencionar que las causas que compusieron el “Megajuicio” surgieron a raíz de informaciones periodísticas y que la promoción de la investigación judicial de ellas fue promovida por los abogados que también acusaron a Goyeneche: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Por otro lado, la causa “Contratos” no estaba en etapa de juicio oral. Fiscalía había pedido su elevación a esa instancia pero faltaba la audiencia correspondiente ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Esto no pudo concretarse debido a un planteo de competencia que promovió la Justicia Electoral Federal y que derivó en que el expediente sea elevado a la Corte Suprema para sea la máxima instancia judicial quien define dónde debe ser juzgada la causa.
“El Jurado de Enjuiciamiento – prosiguió - inició un proceso disciplinario en su contra, la suspendió en el ejercicio del cargo y redujo su salario justo cuando llevaba adelante el juicio oral contra el ex gobernador”. Cabe destacar que la votación del Jury fue casi unánime: convergieron las voluntades de seis de los siete miembros.
“La más grosera ilegalidad y avasallamiento al debido proceso se consagró cuando el Jury desplazó a la totalidad del Ministerio Público Fiscal”, apuntó. Al respecto, señaló que recién el número 16° en la nómina de conjueces a la que apeló el Jurado, Gastón Justet aceptó ser fiscal ad hoc. “Se trata de una persona con pública participación política partidaria en el oficialismo provincial”, indicó Varona.
Existe entonces “una clara sanción encubierta a la Dra. Goyeneche como reprimenda por haber investigado al poder político. Con esto se envía un mensaje poderoso al resto de los fiscales quienes pueden advertir lo que les espera de continuar investigando hechos de corrupción en la provincia”.
La presentación de la Asociación de Fiscales ocupó los 20 minutos que dispuso la Presidenta. En ese tiempo también incluyeron una queja del fiscal José Arias, de Concordia, y casos de otros puntos del país, como por ejemplo Neuquén y Santa Fe.
Después de una serie de cuestionamientos al mecanismo utilizado por parte de Prochak, principalmente porque se apeló a una audiencia general cuando en rigor fueron 5 casos particulares que debieron tramitarse como tales, la representación de la CIDH hizo una serie de preguntas y Varona pasó el micrófono a Goyeneche.
Para negar este planteo del Estado nacional, la Procuradora Adjunta de Entre Ríos afirmó que existe un “patrón común” en el que se busca perseguir a quienes investigan los casos de “macrocorrupción”.
Ese «patrón común» está constituido “por la forma en que reacciona el Estado o en las Provincias en relación a esas investigaciones de corrupción”, sentenció. No es la primera vez que Goyeneche hace estas afirmaciones. En una nota con el diario La Nación, aseguró que detrás del procedimiento en su contra estaba la mano del peronismo y que el gobernador Gustavo Bordet, quien además preside el Consejo Provincial del PJ, no podía ser ajeno a lo que sucedió.
La fiscal entrerriana detalló que la reacción se da “de dos maneras. Por un lado con feroces campañas de desprestigio, absolutamente infundadas pero muy reiterativas que generan un estado de cosas dentro de las poblaciones, y más en las poblaciones pequeñas. Por otro lado, la puesta en crisis de los derechos económicos y sociales, esencialmente el derecho laboral, de estos fiscales”, sentenció Goyeneche.
“Se genera una sensación de inseguridad en el fiscal en cuestión y en los futuros fiscales, sensación de que quien investiga corrupción es probable que sea sometido a un enjuiciamiento, una situación en la que nadie quiere hablar y pone en crisis la posibilidad de continuar en el trabajo”, abundó.
Con respecto a este planteo, cabe señalar que la única integrante del Ministerio Público Fiscal entrerriano sometida a Jury es Goyeneche. No existen registros de que se haya promovido un planteo de igual naturaleza contra el resto de los fiscales que llevaron adelante las investigaciones sobre corrupción ante el órgano constitucional que se encarga de juzgar la conducta del funcionariado judicial.
“No se trata de problemas de rendición de cuentas – prosiguió la procuradora Adjunta – Ningún fiscal tiene problemas con rendir cuentas. Pero se tiene que hacer por los cánones legales. Lo que ha pasado por ejemplo en mi caso, que es un exponente de todo esto, es que no sólo se dio esa campaña de desprestigio sino que se sometió a un proceso plagado de irregularidades”, consignó.
En este punto, desarrolló una serie de planteos que ya realizó ante el propio Jurado de Enjuiciamiento y la Justicia provincial y que fueron rechazados. Es necesario resaltar que la conformación del Jury que habilitó el proceso a Goyeneche y el que analizó sus presentaciones fue diferente. Es que a fin del año pasado vencieron mandatos que debieron ser renovados. Los tres representantes del Superior Tribunal fueron sorteados nuevamente y el Colegio de la Abogacía cambió a sus dos representantes. Sólo se mantuvieron quienes representan a la Legislatura: el senador Armando Gay y el diputado Gustavo Zavallo.
Goyeneche también esgrimió que en su remoción temporal del cargo mientras se la juzga, una medida que adopta el Jurado siempre que se abre un proceso, podría haber existido una situación de violencia de género.
La audiencia, concretada el pasado 18 de marzo, se extendió durante una hora quince minutos y puede verse en forma completa aquí. Antes de cerrar, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adelantó que enviará a la CIDH información puntual de cada caso para que puedan ser evaluados con claridad por las autoridades del órgano interamericano. (APFDigital)
