En concreto, el texto de la resolución manifestaba el rechazo al proyecto de Ley a través del cual el gobierno nacional propone declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial”.
Al respecto, concejales de Más por Entre Ríos destacaron que “lejos de expresar una preocupación genuina por la educación de nuestros niños y jóvenes, esta declaración solo pretende restringir el derecho a huelga del colectivo docente, reconocido constitucionalmente”. Además, manifestaron que “al clasificar a la educación como un servicio, lo que se logra es quitarle el carácter de bien público; de derecho individual y social al cual el Estado debe garantizar su acceso, haciendo factible su sometimiento a la lógica de mercado. Las manifestaciones formales o simbólicas nunca son inocentes”.
A su vez, destacaron que “el proyecto expresaba el apoyo al colectivo docente en sus reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el adicional por Conectividad, y una mejora salarial que compense el poder adquisitivo perdido a causa del proceso inflacionario, sobre todo en los picos de diciembre, enero y febrero”.
Sin embargo, para ser aprobado, el proyecto de resolución requería dos tercios de los votos del Concejo. Los siete concejales del bloque Más por Entre Ríos apoyaron la iniciativa, pero hacía falta también el voto de alguno de los cuatro ediles opositores para que la resolución saliera y los concejales del bloque denominado “Vecinalista”, alineado a Juntos por Entre Ríos, “rechazaron conjuntamente la iniciativa y cabe señalar que tres de los cuatro concejales opositores son docentes”.
A modo de repaso, los ediles recordaron que “el conflicto docente en Entre Ríos fue escalando en intensidad en los últimos meses. La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional significó un recorte brutal en el bolsillo de los trabajadores de la educación (en muchos casos representó una reducción de haberes de más de 100 mil pesos, a valores de febrero)”.
Al mismo tiempo, mencionaron que “los efímeros aumentos ofrecidos por la administración Frigerio lejos estuvieron de compensar lo perdido por la inflación, y la adopción de mecanismos sustitutos del FONID por parte de otras provincias relegaron muchísimo el poder adquisitivo de los docentes entrerrianos. El gobernador que prometía transformar la educación terminó pagándole salarios de indigencia a los maestros”.
Además, manifestaron que “frente a esta realidad, a la que se sumaron recortes en las partidas de mantenimiento edilicio y comedores escolares -costo que terminaron asumiendo varias intendencias- era esperable algún tipo de reacción. Y hace un par de semanas ocurrió algo inédito: ante el llamado a conciliación obligatoria, fueron las propias familias las que decidieron, en señal de apoyo a sus docentes, no enviar a sus hijos a la escuela”.
Debido a esto, aseguraron que “los padres ‘ya la vieron’, pero los concejales vecinalistas no”.
