Además, en el escrito manifestaron que “ante hechos de índole similar, nuestra postura fue contener y trabajar con la denunciante existiendo un protocolo de contención psicológica y emocional y por supuesto, hacer cumplir de manera estricta y rigurosa las medidas impartidas de forma inmediata por la justicia”.
De esta manera, aclararon que “lo que exigimos son gestos políticos claros para mantener una política transparente en la materia, recordando que en la gestión anterior se hizo un protocolo, se instrumentó un refugio como la Casa de la Mujer para las víctimas, se logró instalar la fiscalía de género, se brindó el servicio del botón antipánico, la licencia por cuestiones de género y se realizaron capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, dirigida a funcionarios públicos municipales”.
Debido a esto, remarcaron que “solicitamos al intendente que informe sobre la situación actual del tratamiento de este caso en particular y el accionar en concreto en intervención psicológica y jurídica del área de Gestión Preventiva de este municipio a su cargo”.