por la ex Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.
En Entre Ríos funcionan las instituciones y se respetan las garantías y las leyes vigentes, por ello entendemos que el fallo emitido por el Jurado de
Enjuiciamiento -órgano constitucional que definió la destitución, compuesto por representantes del Colegio de la Abogacía, el Poder Judicial y de la
Legislatura- debe ser respetado y, en todo caso, recurrido en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial, las instituciones republicanas y las leyes vigentes.
Durante todo el proceso prevaleció la independencia de poderes y se mantuvo la absoluta vigencia de las instituciones democráticas, constitucionales y legales, necesarias para el funcionamiento del servicio de justicia y del Jury de Enjuiciamiento, juicio político destinado a evaluar el desempeño de, entre otros, funcionarias y funcionarios judiciales de menor jerarquía.
Tal como lo expresó el gobernador Gustavo Bordet, la justicia como valor supremo no debe constituir privilegios para nadie, y menos para juzgar el
buen o mal desempeño de un cargo por no respetar las normas de la imparcialidad y objetividad necesarias para la función.
Ante el proceso del Jurado de Enjuiciamiento, la fiscal que fue destituida optó por considerar una defensa en términos mediáticos, agraviantes y políticos, cuando debió limitarse a defenderse técnicamente de lo que la acusó el Jurado de Enjuiciamiento en su primera composición y destituyó en una segunda integración.
Por último, rechazamos las afirmaciones que no tienen otra finalidad más que descalificar injusta y gravemente la intervención de vocales del Superior Tribunal de Justicia, de Camaristas del Poder Judicial e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
