Para el Bloque del Congreso Nacional “no se encontraba corroborada” un peligro de fuga y la prisión preventiva de los ex funcionarios mencionados “vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales y revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público”.
En el escrito repudiaron “enérgicamente” la decisión por el argumento de peligro de fuga ya que sostienen que una posibilidad de escape “no se encuentra corroborada” y destacaron que a lo largo de todas las instancias del proceso “han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales”.
Asimismo, consideraron un “atropello” la prisión preventiva y recordaron que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia”.
Es por ello que los diputados de Unión por la Patria remarcan que se trata de una “persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina” y “marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados”.
“Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores en Basavilbaso fallecidos al ser atrope- llados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, José Luis Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a pre- sentarse ante los requerimientos de la justicia, se le ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri”, detallaron para explicar su postura.
Por último, sostuvieron que “la historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven” y reafirmaron “la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural”.
