En primer lugar pusieron en duda “la legalidad y la constitucionalidad que tiene la decisión de avanzar sobre una empresa privada que, al igual que el país, se encuentra atravesando por una crisis económica”.
También salieron al cruce del “concepto de soberanía alimentaria bajo el cual se ampara el gobierno nacional a la hora de hacer este disparatado anuncio” y aseguraron que “la soberanía alimentaria se alcanza cuando hay seguridad jurídica, incentivos a la producción y políticas tributarias modernas y simples, eficientes y equitativas”.
Luego marcaron “los antecedentes nefastos que tuvo el Estado nacional cuando pretendió ponerse el traje de empresario y se dedicó a comandar empresas” y, en tal sentido, mencionaron los casos de Ciccone e YPF: “Se la vendimos a Esquenazi, luego se la compramos, después él hizo juicio y deberemos volver a pagarle”.
Desde la UCR consideraron que estos fracasos se dieron por varias razones, entre las que mencionaron “la corrupción instalada en la estructura del Estado, la transformación del empleo privado en empleo público, la expulsión de las inversiones y la distorsión de las reglas de juego con el sector privado, entre otras”.
Párrafo aparte dedicaron a “las contradicciones del peronismo, que ha pendulado de derechas a izquierdas sin escalas. Desde la década de los noventa, con Menen y las privatizaciones, pasando por Néstor y Cristina con la lógica de las reestatizaciones, sólo hemos tenido dos constantes: el aumento gigantesco del gasto público y la corrupción en el Estado”.
Finalmente los legisladores radicales se refirieron a Vicentín, “una empresa que detrás tiene capitales hechos con 90 años de sacrificios, que viene siendo sostenida por la tercera generación de una familia y que ha invertido muchísimo en la tecnificación de sus unidades de negocio. Una firma que tiene nueve décadas de un recorrido exitoso y confiable, y seis meses de crisis en el marco de un país que también está en crisis”.
