En diálogo con Diario Río Uruguay, el edil manifestó que su negativa fue “en contra del modo de contratación” y explicó que “lo funde como corresponde, basándome en el artículo 159 de la Ley de Municipio, donde se define cómo deben contratar los municipios” para este tipo de proyectos.
Según sus palabras, la ley define que “entre mayor de 100 salarios mínimos -en relación al costo de la obra- corresponde una licitación privada, mayor de 50 salarios mínimos un concurso de precios y, para 10 salarios mínimos o menos, se prevé la contratación directa”.
De esta manera, Bovino precisó que “la contratación superaba los 800 millones de pesos, por lo que es 400 veces mayor al precio y corresponde hacer una licitación”. No obstante, aseguró que “en el caso de que se hubiese querido avanzar con una contratación directa, creo que mínimamente hubiera requerido que alguien de la fundación y alguien del Invytam venga y nos diga por qué correspondería una contratación directa, cuando en la Ley de Municipios no está avalado este tipo de contratación para estos importes”.
Debido a esto, remarcó que “mi voto es negativo a la contratación directa” y no al proyecto como tal.
