La decisión de Rogelio Frigerio impacta en todo el ámbito institucional: en la política, sobre todo en lo gremial, y obviamente en el mundo sanitario. De todas estas corporaciones dependen 300 mil afiliados.
Las intervenciones en la obra social fueron una constante hasta 1998, cuando Jorge Busti decidió entregársela a sus aportantes: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial, jubilados y trabajadores del Iosper. Las autoridades, entonces, se eligen por voto directo de los sectores que luego integran el directorio.
Se desconocía el descontento con el presidente Fernando Cañete, perteneciente al gremio de judiciales. Lo cierto es que cuando Página Política reveló que la intervención estaba resuelta luego de un encuentro durante el mediodía de este martes, dejó trascender su renuncia.
Cañete había tenido una polémica hace unas semanas cuando se enfrentó al Colegio de la Abogacía, a donde apuntó por los fondos que la obra social destina en el pago de honorarios por las demandas. La entidad de los letrados interpuso un pedido de acceso a la información pública de 15 puntos para que el Iosper dé cuenta, entre otros puntos, de los últimos dos balances y memorias completas; Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, detalle de las licitaciones públicas y privadas efectuadas durante 2023 y 2024, copia de los recibos de haberes del presidente del Iosper, directores, gerentes, los 5 mayores proveedores, resultados financieros de la obra social durante el 2023 y 2024; hasta lo gastado y abonado durante los años 2023/2024 en concepto de publicidad y propaganda.
El decreto 3675, por el que se intervino la obra social, dispone “auditorías integrales en los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales”. Lo puede hacer a través de las universidades públicas, según dispuso el decreto.
Evidentemente el Gobierno tenía certezas de mala administración. Esta idea se desprende del decreto por el cual interviene la obra social.
