Investigación
Esa controversia dio pie a una investigación a instancias del propio municipio con el fin de aclarar la situación. Por tal motivo, se presentó una primera denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por irregularidades en las notificaciones de medidas judiciales que se realizaba desde ese organismo a la municipalidad de Estancia Grande, y a profesionales que, de alguna manera, estaban relacionados con la gestión del actual intendente Javier Goldín.Siempre según la información difundida por Diario Junio, de dicha denuncia se desprendió que las casillas de correo electrónico desde donde se recibían los mensajes eran apócrifas o “truchas” (ministeriofiscalconcordia@gmail.com y oficinadegestiondeaudienciasc@gmail.com) y que serían manipuladas por el abogado Pedro Silvio de La Madrid; quién ya tenía antecedentes de sanciones del Colegio de Abogados y de la propia justicia ordinaria. Según se detalló, a la fecha cuenta con una pena de ejecución condicional y la suspensión de la matrícula para ejercer como profesional de la abogacía.
Sin embargo, el letrado se las habría ingeniado para dos cosas: primero incumplir la pena de no ejercer la profesión, haciéndolo a través de las matrículas de terceros habilitados, colegas que le firmaban las gestiones judiciales. Y lo segundo que logró el letrado fue ganarse la amistad y la confianza del intendente de Estancia Grande, a quién asesoraba en cuestiones de gobierno, sobre todo en lo que tenía que ver con asuntos jurídicos.
Modus operandi
El portal menciona que el abogado Pedro de La Madrid enviaba y contestaba todos los requerimientos judiciales desde los dos lados del mostrador, armando una especie de «fiscalía paralela», sumergiendo al municipio en una vorágine judicial nunca antes conocida, tomando con esa estratégica cada vez más protagonismo y acrecentando su influencia en la toma de algunas decisiones de gobierno. Desde el mail apócrifo del Ministerio Público Fiscal habría enviado -según se denuncia- unos 134 correos a las casillas de distintos funcionarios de Estancia Grande, incluido el Intendente, informando del devenir de denuncias y demandas, llamados a indagatorias, y distintos requerimientos ante la Justicia, tanto como parte actora como en los asuntos en que les consignaba ser la parte demandada, las cuales son todas falsas.A tal punto habría llegado la influencia ejercida por el letrado que fue destinado en el Área de Asuntos Institucionales, como el responsable de digitalización de la normativa (decretos), el manejo de la página oficial del municipio de Estancia Grande. Sumado a su responsabilidad de todo lo que tenga que ver con elaboración de normas, asesoramiento jurídico a las distintas áreas y la materialización de los decretos.
De esta tarea, se desprende una segunda denuncia penal de parte del municipio por “Falsificación de Documento Público” y que tiene que ver con que el acusado, el abogado Pedro de La Madrid, habría elaborado un decreto apócrifo donde se nombró a quien sería su pareja, Analía Romero, y a su hermana, Daiana Alfonsina de La Madrid, que eran funcionarias públicas, como personal de planta permanente. Donde lo más llamativo es que a su pareja Analia Romero le asignó la categoría más alta que hay en ese Municipio, que no es ni más ni menos que la del Intendente Municipal (Legajo 6462/23)
El respaldo material a la información digital, el libro de Decretos del año 2021, donde fue incorporado el apócrifo, desapareció del archivo municipal; lo que fue denunciado ante la policía el 14 de junio de 2023.
