Sin perder tiempo, sentenció: “Lo primero que vamos a hacer será crear un Fondo de Financiamiento del Hábitat y la Vivienda compuesto por partidas nacionales, provinciales y municipales, donde también vamos a implementar iniciativas que fomenten las inversiones del sector privado”.
Y se refirió también al “trabajo en créditos para la vivienda con ese fondo”. “Por un lado, créditos directos para las familias; por otro lado, créditos para que las familias construyan, por ejemplo, contratando ellas mismas a un arquitecto o a un maestro mayor de obras; y por último, vamos a avanzar a través de convenios con los municipios para que ellos mismos también puedan tener esa iniciativa y otorgar créditos”, sumó.
En esa línea detalló: “Vamos a dar créditos para ampliar y mejorar las viviendas con un valor agregado para nuestro sistema energético porque las instalaciones que se hagan como resultado de estas intervenciones, ya sea en el baño o en la cocina, van a poder tener provisión de calefones solares”.
Además, “vamos a implementar un programa de lotes con servicios y cercanía, pensado para encontrar la mejor ubicación posible para todas las viviendas que desarrollemos, tanto con inversión estatal como privada. Cuando decimos lotes con servicios nos referimos a zonas que cuenten con infraestructura como agua, cloacas, electricidad, incluso pavimento”.
Frigerio y su grupo de especialistas en la materia alertaron: “Tenemos a unos 48.000 jóvenes que no logran emanciparse porque no pueden acceder a un alquiler. Esto se da por falta de oferta, por incapacidad de acceder al crédito o por dificultades económicas. Para resolver el conflicto vamos a implementar nuestro programa ‘Alquila Fácil’ con medidas que faciliten el alquiler: reducción o financiación de garantías, créditos, certificaciones de firmas gratuitas o promoción del alquiler para jóvenes y familias. Para eso, vamos a trabajar en políticas de incentivo que amplíen la oferta de viviendas en alquiler; son políticas impositivas y otras que apuntan a hacer un mayor y mejor uso del suelo. Estas políticas las vamos a hacer de manera coordinada con los municipios, y también llevando adelante acuerdos con los emprendedores inmobiliarios”.
“Otro gran problema es de índole dominial, de las 540.000 viviendas de la provincia, casi 100.000 no tienen título de propiedad, algo que da mucha inseguridad jurídica a miles de entrerrianos. Por ello, la regularización dominial es una política fundamental y prioritaria. Para lograrlo vamos a desarrollar nuestro ‘Programa de Regularización de Dominio Intensivo de Viviendas’ dirigido a los entrerrianos que no tienen su título de propiedad”, planteó.
Para finalizar, marcó otra cuestión: “Hoy el Instituto de Vivienda tiene en carpeta cerca de 4.500 viviendas licitadas o a licitar y, por los tiempos que maneja, son menos de 800 las que están en ejecución. Para que tomemos dimensión: entre 2019 y 2023 se ejecutaron –con financiamiento nacional y provincial-, 1.618 unidades. Esto es muy poco. Para solucionarlo vamos a implementar un ‘Plan de Alto Impacto’ en los primeros dos años de gestión porque es el tiempo que puede llevar, si trabajamos con mucha eficacia, la terminación de todas las viviendas licitadas y a licitar que hay hoy en carpeta en el Instituto de Vivienda”.
