No obstante, remarcó que “a diferencia de otras provincias en las que sí cobran tasas que no tienen nada que ver con el servicio prestado, Entre Ríos solamente tiene dos ítems que sí están relacionados al servicio, que son el 8,6% de la contribución de ENERSA para con los municipios y una tasa de alumbrado que refiere a lo que tiene que ver con el desarrollo que hacen las municipalidades, no solamente para el mantenimiento de la luminaria pública, sino también para todo lo que tiene que ver con el consumo mensual”.
De esta manera, precisó que “se dio esta discusión de poder sostener estas cuestiones en la provincia, porque se hace muy complicado para las municipalidades, atenta contra las autonomías de los municipios y creo que va en contramano con toda la realidad que estamos padeciendo”.
Al respecto, comentó que “hay un gran consenso en todo el arco político sobre esta cuestión, porque es una realidad que todos los meses aumentan los números de la energía y es un presupuesto importante que, si mañana no se cuenta con este recurso, los municipios deberán salir a pagarlo y, en muchos de los casos, no van a poder hacerle frente”.
Además, Bastían consideró que “esta es una medida muy peligrosa”, ya que “también desvía la discusión de fondo, que es cuánto realmente estamos pagando el kilovatio los consumidores”, teniendo en cuenta que “eso es un porcentaje mínimo a lo que realmente viene abultado el valor de la energía todos los meses en la factura”.
Asimismo, remarcó que “hubo dos períodos en la Argentina, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri y ahora en el de Javier Milei, donde se dio un tarifazo terrible y quedó muy por detrás el salario de los ciudadanos y se empezó a poner la lupa en estas cuestiones que antiguamente no estaban en discusión”.
Medida judicial
Consultado sobre la posibilidad de tomar acciones legales al respecto, en el marco de la decisión del Juzgado de Campana, Bastián comentó que “como Liga de Intendentes Justicialistas tuvimos la posibilidad de manifestar esta posición y venimos charlando para poder llevar adelante una acción de estas características, porque entendemos que está en riesgo la autonomía y que no tiene nada que ver el espíritu de la norma con lo que pasa en la provincia de Entre Ríos”.Entre otras cosas, destacó que “quizás esa norma nacional esté aplicada a otros municipios de otras provincias que sí están cobrando otras cosas dentro de sus facturas de luz”, por lo que “le hemos manifestado al gobernador que, si la provincia no toma cartas en el asunto, lo haremos nosotros”.
Finalmente, expresó que “el gobernador se comprometió con pedir un plazo de prórroga para que entre en vigencia” la resolución, dado que “una vez que fue comunicada esta norma en el Boletín Oficial, había un plazo de 30 días para acatar esta resolución”, pero “paralelamente a eso, nosotros queremos iniciar una acción para acompañar este reclamo”.
