En el mismo texto se subraya que el motivo es “advertir a los poderes fácticos que paren la mano en su impunidad para imponer una inflación que horada nuestros salarios y las condiciones de vida de nuestro pueblo”.
De esa forma, ratificaron “la vigencia de la Declaración Política aprobada por el X Congreso Nacional Extraordinario y, de modo particular”.
Enfatizando los puntos del programa de reivindicaciones y propuestas “tales como la exigencia del otorgamiento inmediato de una suma fija para todos los trabajadores activos a cuenta de convenio, e idéntico criterio para jubilados y pensionados; la imperiosa necesidad de renegociar los términos del acuerdo con el FMI; la creación de una empresa nacional de alimentos y la apertura de ferias y mercados de cercanía que abaraten los costos de la alimentación; el rechazo a toda y cualquier presión o medida devaluatoria de la moneda nacional; el repudio a las acciones de los grandes formadores de precios, de sus cámaras empresarias como la AEA, como así también a las declaraciones de la jefa militar del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson, en contra de la soberanía argentina sobre las reservas de litio en el territorio nacional”.
En ese camino “de la construcción de una gran articulación del movimiento popular”, la CTA propone:
1. Impulsar una urgente política de recomposición del ingreso que garantice, a través del aumento de una suma fija a cuenta de paritarias, la elevación de los salarios, beneficiando particularmente a los que están más abajo;
2. Reclamar con idéntico criterio un aumento para las jubilaciones y pensiones y exigir que la actualización de los haberes de los beneficiarios de todas las jurisdicciones del país se hagan, como máximo, en plazos trimestrales;
3. Exigir la inmediata puesta en vigencia de la moratoria previsional para evitar que 1.500.000 de personas queden excluidas del derecho al beneficio jubilatorio;
4. Solicitar la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil;
5. Apoyar la creación por ley de un Salario Básico Universal consistente en una prestación monetaria mensual de alcance nacional, destinada a personas que se encuentren sin ocupación plena;
6. Participar en el proceso de la sanción de la ley que crea a nivel nacional los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en todos los lugares de trabajo públicos y/o privados;
7. Bregar por la continuidad de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, tales como agua, luz y gas, para todos los hogares de trabajadores, formales o no, así como ratificar la necesidad de que el acceso a Internet sea declarado derecho a un servicio público y no a un bien de mercado;
8. Cumplimiento efectivo de la ley de alquileres sancionada en 2020 y rechazo a cualquier modificación regresiva de dicha norma;
9. Apoyar las iniciativas impulsadas por el Frente de Todos para establecer un tributo a la Renta Inesperada y para captar recursos destinados al pago de la deuda externa provenientes de los fugadores de divisas;
10. Traccionar la iniciativa popular para avanzar hacia un sistema tributario justo en el que se grave la riqueza;
11. Impulsar una campaña nacional con vistas a la reducción de la jornada laboral para garantizar nuevas oportunidades de empleo y más tiempo libre para quienes ya están empleados;
12. Propiciar un régimen legal de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas;
13. Promover, en el marco de la articulación que reclama una justicia democrática, la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema;
14. Exigir la inmediata libertad de nuestra compañera Milagro Sala y de todos los presos políticos;
15. Lograr que el Estado reconstruya los instrumentos que le permitan recuperar su capacidad de regulación sobre los grupos monopólicos, los formadores de precios, los especuladores financieros y toda forma económica de parasitismo social que limite, condicione o subordine el interés público;
16. Avanzar hacia una nueva dinámica del Estado en la que éste controle la producción y exportación del complejo alimentario, fiscalice el uso y manejo de las redes fluviales y puertos y garantice el acceso a la población a alimentos con precios alineados al poder adquisitivo de los salarios.
