Según informó el sitio Página Política, tras consultar con fuentes tribunalicias de Concordia, al ex gobernador le allanaron los domicilios de esa ciudad y Federación; y los domicilios de Diego Armando Cardona Herrero, en el marco de la causa en la que se los investiga por enriquecimiento ilícito. También hubo embargos entre los oficios firmados.
La denuncia data de 2015 y un informe pericial determinó que entre 2008 y 2015, el ex gobernador habría tenido un crecimiento desproporcionado e injustificado de su patrimonio que estimaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros. La imputación sostiene además que habría utilizado a Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez como testaferros y “para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”. Los verbos en potencial responden a que todo está en proceso, tras la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Los defensores solicitaron entonces el sobreseimiento por prescripción, pero la causa va a camino a juicio con el pedido de condena por parte de los fiscales de cinco años y seis meses.
En la otra causa, en la que fueron condenados Urribarri a la pena de ocho años y Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez a seis años y medio, no queda mucho más por esperar. Rechazada la impugnación extraordinaria es el turno del recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, pero para eso un tribunal le debe hacer lugar. El mismo está integrado por Giorgio, Gisela Schumacher y Germán Carlomagno. De esa última decisión depende su libertad.
