A finales del pasado mes de junio, Gendarmería Nacional había allanado la planta que la empresa tiene en el sector norte de la ciudad de Allen (Río Negro), según informaba el diario Río Negro. Según trascendió entonces, los operativos eran por el posible delito de lavado de activos por parte de areneras.
El nexo con Entre Ríos es que, coincidentemente, durante la misma jornada y horario también se realizaron similares allanamientos al sur de la provincia de Entre Ríos, donde la firma tiene “260 hectáreas en las cercanías de Ibicuy, con gran disponibilidad de volumen de material de
excelente calidad”, según se cita en propio el sitio oficial de NRG.
Lo extraído en el sur de la provincia es luego trasladado a “la planta de procesamiento es de última generación”, emplazada en Río Negro.
En aquellas intervenciones de junio, los efectivos de la fuerza federal estuvieron en el radio urbano de Ibicuy, realizando uno de los procedimientos en el edificio de la Municipalidad de Ibicuy y otros en las areneras que funcionan en esa localidad y que tienen su epicentro en la zona portuaria donde se realiza la carga de camiones.
Denuncia de Massa
El monto del ilícito advertido por el funcionario nacional sería de 12 millones de dólares. De acuerdo a lo que precisaron fuentes ligadas a la denuncia, la presentación se realizó en la Justicia local porque el procedimiento sería “más rápido”, que encararlo directamente en Estados Unidos. La idea es generar “percepción de riesgo” para el resto de las compañías y, es más: llegarían nuevas acciones contra otras firmas, según anticipa el diario La Nación. El documento judicial precisa que el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.Asimismo, requirió que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se ponga en conocimiento de esto al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo que va contra los delitos financieros en Estados Unidos.
