A pesar de que Fiscalía abrió el debate del juicio con “titulares grandilocuentes, nada de lo prometido que se iba a probar se ha probado. No se ha conmovido en lo más mínimo la presunción de inocencia de mis clientes”, sintetizó el abogado defensor.
Fouces cerró su largo alegato recordando el fallo de la Justicia en la causa “Mutual Modelo” en el cual se absolvió al fallecido ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. Aseguró que, si se cambian los nombres de los imputados por lo del “Megajuicio”, se estaba ante las mismas circunstancias: lo que se llevó a juicio fueron actos de gobierno no justiciables.
La comparación utilizada por el abogado fue un remedo cargado de sarcasmo que apuntó contra la argumentación hecha por el agente fiscal interino Juan Francisco Ramírez Montrull al momento de alegar contra Marsó y Caruso.
En ese momento, dijo que, si se cambiaban los nombres, se estaba ante el mismo modus operandi que en lo ocurrido en la investigación de los spots de la Cumbre del Mercosur, caso que también se ventila en este juicio. Aseveró que sólo había que variar los nombres de los protagonistas y el hecho investigado.
El abogado defensor utilizó nuevamente esta equiparación hecha por Fiscalía al marcar la “doble vara” con la que, dijo, actuó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Recordó que, en la causa de los spots, al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez se lo benefició por una probation de $ 150 mil. Y trajo a colación que cuando fue a pedir el mismo trato para su defendido Caruso, en Fiscalía se lo negaron aduciendo que las circunstancias no eran similares. Fouces marcó entonces la contradicción entre lo resuelto en aquel momento por la acusación y el criterio utilizado ahora. “A «Corcho» le pidieron $ 150 mil y a Caruso 5 años de prisión efectiva”, contrastó.
“Corcho” Rodríguez es el titular de Nelly Entertaiment, la firma que se encargó de comercializar los spots de la Cumbre. Caruso fue la cabeza de “El juego en que andamos”, firma adjudicataria del parador de Playa La Perla, que Fiscalía considera sirvió para desviar fondos hacia la campaña del ex gobernador Sergio Urribarri y sus aspiraciones de llegar a la presidencia.
El letrado dijo al comienzo que, ante el peso de los hechos y de los testimonios, la acusación se vio obligado a variar el hecho que se les imputaba a sus defendidos. Al momento de producirse la elevación a juicio, precisó, se les achacó haber utilizado fondos públicos y el parador para la campaña presidencial de Urribarri. Pero en el alegato final, Fiscalía los culpó de haber desviado dinero para el posicionamiento a nivel nacional del entonces gobernador “sin ningún tipo de justificación” y sin cumplir con las normas que impone el Código Procesal Penal.
“El hecho por el que venían a juicio estas personas era muy concreto y muy bien definido. Pero esta variación del hecho no es casual. No es que se han confundido (los fiscales) sino que fue absolutamente imposible probar la acusación originaria. Los hechos son absolutamente distintos – denunció – Yo traje testigos para desacreditar que se trató de financiamiento de campaña”, agregó.
Punto por punto
El letrado se encargó de tomar como eje las acusaciones que había hecho el MPF y de ir, en paralelo, detallando cuáles eran las pruebas y los testimonios que desbarataban estas imputaciones.En primer lugar, puso sobre la mesa que la causa comenzó con la publicación en un medio de una foto del parador donde se veía en primer plano el rostro de Urribarri. Y señaló que aunque se demostró en la etapa investigativa y en las audiencias que esa imagen no estuvo en evento durante el mes en que se desarrolló, Fiscalía prosiguió echando mano a eso.
Luego fue contra el planteo de que Caruso contaba con información privilegiada y que con esa ventaja ganó la licitación del parador. Fouces recordó los testimonios del ex titular de la cámara de turismo Sebastián Bel y de quien fuera secretario de Turismo de la provincia, Alfredo Bedriñan.
El empresario narró que meses antes del verano en el Ministerio le habían informado que se realizaría el evento y que les pidieron material promocional. El ex funcionario narró que la idea surgió a mitad de año en una conversación entre él y Marsó. Y que luego se elevó al Gobernador, quien debió encarar una negociación directa con el intendente de General Pueyrredón (partido donde se ubica la ciudad de Mar del Plata) para que la cesión del espacio sea gratuita. Para ello, se apeló a un acuerdo de reciprocidad de 2013, recordó Fouces.
El abogado defensor también puso la lupa sobre los cruces de comunicaciones telefónicas entre imputados y personas ajenas, que la Fiscalía utilizó para armar un relato de cómo se habría ido pergeñando la maniobra.
El letrado reiteró algo que se había planteado en la investigación y también en el debate: que los listados se obtuvieron “de manera ilegal”, ya que fueron conseguidos por el MPF sin intervención de un juez de Garantías. Por eso pidió su exclusión como prueba, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos.
Pero luego ahondó el cuestionamiento y señaló que Fiscalía había incurrido en una “interpretación” de los contactos entre estas personas sesgándola hacia la comisión de un delito. En este punto llevó la situación al absurdo, señalando que la acusación entendió que los contactos entre Urribarri y su hijo Franco durante un período de meses fueron sólo para organizar un supuesto ilícito.
“Es una barbaridad utilizar la comunicación entre padre e hijo para fundamentar una hipótesis delictiva. Comunicación de la que no se conoce el contenido – remarcó - Presumir que un padre se comunica con su hijo para cometer un delito es cosa seria”, resaltó.
La “caja negra”
Otro punto algo de su exposición fue cuando centró las críticas al documento en que se sustenta gran parte del caso de Fiscalía: una planilla de Excel en el que se describen movimientos de dinero que la acusación sostiene que son los giros de fondos que se habría detraído de las arcas públicas.En primer lugar fue contra el disco rígido donde se encontró el archivo. Recordó las contradicciones que relató en su momento uno de los testigos civiles del allanamiento en la casa particular donde se lo secuestró. Apuntó especialmente a la manipulación del elemento. Señaló que estuvo durante un cierto tiempo en poder de la Policía Federal (a cargo del operativo en las sedes de las empresas TEP y Next y también en la finca donde se lo halló). Y que los agentes federales fueron vistos escribiendo en computadoras en la casa. Fiscalía había dicho que estaban redactando el acta de secuestro. Pero Fouces desacreditó eso mostrando al Tribunal el acta: el documento se escribió a mano sobre un formulario preimpreso de la Federal.
Por eso el defensor justificó sus sospechas de qué estaban haciendo los policías con las PC en el lugar de secuestro del disco rígido, que había sido calificado por la Procuradora Adjunta como la “caja negra de la corrupción”. A esto sumó que tanto Caruso como el otro imputado mencionado en el archivo, Juan Pablo Aguilera, desconocieron el origen del documento.
En la planilla se observa un texto que se asemeja a un correo electrónico. Y contiene datos de giros de dinero entre particulares y empresas, entre ellas TEP y Next (las firmas que la acusación considera son propiedad de Aguilera y que habrían servido tanto para cartelizar publicidad oficial en vía pública como para desviar recursos hacia la campaña de Urribarri) y “El juego en que andamos”.
Fouces señaló dos factores. El primero es que el MPF cortó el título del escrito, presentándolo como el “Esquema de devolución”, dejando fuera las palabras que siguen: “De adelantos”.
El defensor llamó la atención que no es lo mismo un esquema de devolución, que presume coimas, que un esquema de devolución de adelantos, cuya comprensión se acerca a la versión de que hubo préstamos de dinero entre Aguilera y Caruso, como ambos reconocieron.
Al respecto, cargó contra la impugnación presentada por Fiscalía a esta versión de los imputados, basada en un informe del contador y ex policía Héctor Eduardo Enrique quien afirmó que un mutuo sólo se puede hacer a título oneroso (es decir, con cobro de intereses) y por escrito.
Fouces les enrostró a los acusadores que el Código Civil, tanto en su actual versión como en la anterior, habilita los mutuos sin cargos y también que puedan hacerse en forma verbal.
Otro factor al que apuntó fue que los giros de fondos se hicieron confeccionando facturas y a través de transferencias bancarias. “Creer que existe «retorno» a contrafactura y por transferencia bancaria sería algo inédito en la historia de la criminalidad ¿Cuál es la lógica de eso? Dicen que se pagó una parte en efectivo. Entonces ¿por qué se pagó la otra por transferencia bancaria? Por los retornos se pagaba IVA y ganancias”, ironizó.
Casi al cierre, mostró gastos de funcionamiento del parador que incluían conceptos que no estaban en las dos facturas que Fiscalía presentó ante el Tribunal como si hubiesen sido los únicos costos de “El juego en que andamos” y de donde el MPF desprendió el excedente de 5 millones que habrían sido la coima por el sobreprecio en la licitación del parador.
“Caruso ganó una licitación de $14 millones y «retornó» $ 5 millones. Es absurdo”, afirmó.
Por otra parte, señaló que su otro defendido, el ex ministro Marsó, “no se lo nombró durante todo el debate”. Y llamó la atención sobre lo “forzado” del argumento acusatorio de vincularlo a presuntos pagos de coimas por un mensaje de texto en el que se le pregunta a Aguilera “¿qué arreglaste con Marsó?”.
“No se ha probado ningún ilícito. Mucho menos que mis defendidos los hayan cometido. No tendrían que haber estado ni siquiera sometidos a juicio” sintetizó, recordando que hasta se los acusó a ambos de “delincuentes y traidores a la Patria y se les pidieron penas desmesuradas”.
Fallas
La transmisión de la audiencia de este miércoles tuvo serios problemas técnicos durante la primera hora. Este primer tramo del alegato de Fouces se vio entrecortado en el audio y luego en audio e imagen.La emisión en vivo a través de YouTube de los registros en video que se hacen de las audiencias es la única manera de seguir las alternativas del juicio, dado que se impidió el ingreso del público al recinto donde se desarrollan por protocolo Covid – 19 hacia el final de la segunda ola de la pandemia.
La publicidad de la audiencia es uno de los requisitos constitucionales y republicanos básicos, ya que se trata de un acto de gobierno realizado principalmente por funcionarios públicos que actúan en representación de la soberanía popular con el deber democrático de rendir cuentas al pueblo de sus acciones.
