Yedro admitió las limitaciones de la fuerza de la acusación casi al concluir su alegato, afirmando que “nos resulta sumamente complicado obtener la prueba que acredite estos hechos. No hay testigos, nadie se presta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental. Y la decisión de la ejecución (del supuesto delito) es siempre tomada en la más absoluta opacidad: no hay documentación, no hay pruebas, no hay testigos”, confesó.
Yedro puso el foco este martes en la contratación de la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, para la publicación de avisos estatales.
La fiscal insistió con algo que ya había sido parte de los alegatos de apertura; las falencias administrativas de esta compra pública. Yedro llevó el peso de su exposición a que Global Means no era una empresa constituida a la hora de recibir la contratación y que obtuvo el aviso por las relaciones personales que tenía con el entonces ministro de Comunicación, Pedro Baez, quien habría actuado en connivencia con el empresario para producir el ilícito.
Contratar de manera irregular “fue una práctica habitual de esta gestión”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal. Luego, señaló que el control de la secretaría Legal y Técnica sobre esta contratación fue “laxo o tardío”, cuando la publicidad ya había sido hecha o estaba en instancia de trámite de pago.
Además, cargó contra el argumento volcado en varios tramos de las audiencias por las defensas o lo acusados, referido a que Fiscalía se inmiscuye en trámites no judiciables al revisar estas contrataciones, que Yedro consideró “irregulares”. Este razonamiento “no resiste el menor análisis. Los controles de los organismos no funcionan como baño de transparencia ni eximen de responsabilidad a los funcionarios”, evaluó.
Más adelante, aseguró que tanto el ex gobernador Sergio Urribarri como Baez quebrantaron disposiciones sobre publicidad oficial que ellos mismos habían firmado para satisfacer intereses propios. Y distinguió la “discrecionalidad” de la que habla la ley para las contrataciones de publicidad de la “arbitrariedad” en la que habrían incurrido ambos funcionarios.
Publicidad
Yedro pasó la posta a Badano, quien se explayó sobre las causas de la solicitada, los spots de la cumbre del Mercosur y el parador de Mar del Plata. El agente fiscal interino entendió que las tres tenían un denominador común: el desvío de recursos públicos por parte de funcionarios para promover la imagen de Urribarri como posible candidato a presidente.“Las aspiraciones personales quedan fuera del ámbito penal, pero no la utilización de fondos público para esos fines. De eso se trata la investigación”, indicó.
Según su relato, una parte de la campaña de posicionamiento como eventual presidenciable de Urribarri la abonaba el Estado entrerriano y la otra iba “por fuera”. Más adelante aclaró que se refería a fondos partidarios del Justicialismo. Para eso puso en línea la solicitada, los spots y el parador, así como acciones publicitarias que encaró el PJ y el propio Urribarri para mejorar sus chances de llegar a ser candidato en 2015, algo que finalmente no ocurrió.
La estructura de los acusaciones se centró en la identidad visual que, según expresó, existía entre las campaña de posicionamiento personal a nivel nacional del ex mandatario y la que se registró en piezas institucionales como los spots y el parador de playa La Perla. Sobre este último caso, la argumentación del agente fiscal interino estribó en una imagen tomada antes de la apertura donde se ve una gigantografía de la cara de Urribarri.
Cabe consignar que varios testigos indicaron que esa lona fue retirada antes de abrir al público el parador y que no formó parte del evento.
El primer eje fue la publicación de una solicitada en medios nacionales y provinciales en contra de los fondos buitres en plena crisis provocada por las decisiones del juez Thomas Griesa en los Estados Unidos sobre los remanentes de deuda no reestructurada. En ese momento, el ex gobernador Sergio Urribarri realizó una publicación que fue objeto de demanda penal.
Badano consideró que la solicitada se hizo para llegar “no solo a los entrerrianos, sino a todo el país”. Y que para eso Se firmaron 18 órdenes de publicidad, muchas de las cuales fueron en medios de alcance nacional. Solo dos funcionarios hicieron estas contrataciones: Urribarri y Baez, no le dieron intervención a ningún otro organismo hasta después, cuando ya se había hecho la contratación”, apuntó.
En su exposición mostró párrafos de la solicitada donde evaluaron que Urribarri quería ser candidato a presidente y que el texto iba en ese sentido y no con fines institucionales. No objetaron la intención, sino el uso de recursos públicos para ese fin, según entendió.
En cuanto a los spots de la Cumbre del Mercosur, consideró que un “indicio de las negociaciones incompatibles” residió en que la publicación del llamado a ofertar se hizo un solo día en el Boletín Oficial y un solo día en el diario de Paraná. No se quiso difundir más, evaluó, a fin de que permanezca oculto pese al “monto millonario” comprometido. Además, el corto plazo entre las publicaciones y la fecha de presentación de las ofertas resultó otra “alerta, indicio de este direccionamiento”, consideró.
Badano le dijo al Tribunal integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Mónica Castagno que la “verdadera negociación” de esta contratación “se llevó adelante por fuera del Estado”.
Utilizó como base de esta conclusión la multiplicidad de llamados y mensajes registrados entre teléfonos de la empresa seleccionada, Nelly Entertaiment, su socio principal Jorge “Corcho” Rodríguez y el ex gobernador Urribarri; Baez y otras personas no implicadas en la causa, como familiares del ex mandatario y funcionarios que siguen en la gestión pública como el ministro de Economía Hugo Ballay y la titular del área de publicidad Mariela Teruel.
Luego, fue más allá y estimó que el plan de difusión se ajustó “a las necesidades de Urribarri y no de la provincia”. En orden a esto, más adelante llamó la atención sobre el plazo de duración de la Cumbre, que fue del 11 al 17 de diciembre de 2014 y el tiempo en que los spots estuvieron al aire: su difusión cerró el 25 de ese mes.
También sumó como factor para sostener su afirmación que los documentos internos de las empresas involucradas en los spots utilizaban la denominación “Urribarri” para referirse al contenido que manejan.
Badano aseguró que Urribarri estaba al tanto de todo lo que ocurría en materia de comunicación. Recordó para fundar esa sentencia declaraciones de Baez, quien afirmó ante la Justicia que la política de comunicación “se definía en el primer nivel”.
Luego contrastó los spots de la Cumbre que motivaron la causa con otros que se produjeron y usaron con el mismo fin. “Los institucionales se hacían por expediente. Los de Urribarri se hicieron por fuera. Los que hizo el Gobierno se iniciaron por nota de (el titular de la Unidad Operativa de la Cumbre, Hugo) Céspedes. Los de Urribarri por nota de Baez a la Unidad Operativa. Unos se difunden en la provincia y otros a nivel nacional”.
También llamó la atención sobre que no se rindieron los gastos de los spots de la Cumbre a la Legislatura. Cabe mencionar que la ley 10.327 que declaró de interés el evento y autorizó gastos por vía de excepción menciona que el Ejecutivo debía comunicar, no rendir, los gastos de la Cumbre a las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.
Tras el cierre de su exposición, Chemes preguntó como presidente del Tribunal si Fiscalía proseguiría con los alegatos, dado que aún falta la intervención anunciada del otro agente fiscal interino Juan Francisco Ramírez Montrull. Pero le respondieron que este tramo se concretará el próximo jueves, por lo que la sesión pasó a cuarto intermedio hasta ese día a las 9 de la mañana.
