Aguilera, cuñado de Urribarri, está acusado en varios de los expediente que se juzgan en las audiencias que lleva adelante el Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno.
Rodríguez Allende, tras un repaso sobre elementos generales de la causa, durante el cual cuestionó la prueba producida y señaló debilidades en el relato acusatoria, solicitó que a su pupilo se lo absuelva.
Al igual que otros defensores, el letrado centró sus cuestionamientos a la prueba acusatoria en las irregularidades con las que se las produjo, que dejaron de lado, según observó, pasos legales y garantías constitucionales.
Asimismo, mostró las inconsistencias en el caso de Fiscalía al momento de describir el hecho que se le imputó a su defendido y al resto de los involucrados. Señaló que afirmar que los fondos que se habrían desviado de la contratación del parador se desviaron hacia una campaña para la precandidatura de Urribarri, como sostuvo la acusación en la remisión a juicio, es diferente a sostener que se trató de un “posicionamiento”, como expuso en el alegato final.
Esta “clara modificación” afectó el derecho de defensa porque los acusados y sus abogados se defendieron de una imputación distinta a la que terminó haciendo la Fiscalía en su alegato de cierre, consideró Rodríguez Allende.
Marcó que la idea del parador no fue decidida entre gallos y medianoche por Urribarri y el empresario Gerardo Caruso, titular de la empresa que resultó concesionaria del evento.
Por el contrario, señaló, la las conversaciones comenzaron en mayo de 2014. Su concreción era un dato que los operadores del turismo manejaban ya desde entonces porque habían comenzado las tratativas, aseveró citando declaraciones de varios testigos que pasaron por las audiencias.
En orden a esto, también destacó que poner un parador en Mar del Plata no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana: requiere no solo la autorización del intendente del partido de General Pueyrredón, sino también la aprobación del Concejo Deliberante local.
En síntesis, consideró que para probar si existió peculado había que responder tres preguntas básicas: si el parador existió, si funcionó y si lo hizo dentro de los términos de la licitación. “La prueba es apabullante: sí”, respondió a los tres interrogantes.
• Prueba contaminada
Además, remarcó que la prueba elaborada en base a los contactos telefónicos que sostuvieron imputados, sus familiares e incluso testigos de la causa es “ilegal”.
Al igual que sus pares de la defensa Emilio Fouces y Miguel Cullen, pidió la exclusión como prueba del informe enviaron las empresas telefónicas y los que elaboró la Fiscalía con esos datos porque no se hicieron con autorización del juez de Garantías que intervino en la investigación como ordena la ley. Sólo se generaron a petición de la Fiscalía.
Además, se preguntó por qué no se hizo una pericia contable a cargo de profesionales del Superior Tribunal de Justicia, como dispone la normativa vigente, y sólo se usó un profesional de parte: el que elaboró el ex policía y contador Héctor Enrique, empleado de la Fiscalía. “Nos encontramos con un simple informe de parte”, subrayó Rodríguez Allende.
“Tenemos que analizar informes que no son pericias, las pericias habrían arrojado otros resultados”, concluyó.
Luego de cuestionar los informes informáticos elaborador por los agentes de Fiscalía Guillermo Fritz y Fernando Ferrari, dado su carácter de bioingenieros sin incumbencia profesional, Rodríguez Allende hizo una apelación directa a los magistrados que juzgan las causas: “Este Tribunal tiene la oportunidad dictar un fallo histórico”, dejando de lado estas pruebas que, según remarcaron los defensores, se produjo sin respetar las garantías constitucionales.
Casi al cierre, el letrado también expresó que ha existido “hostigamiento mediático” por parte de un sector de la prensa contra Urribarri, su familia y su gobierno. “Y este tribunal no puede desconocerlo”, afirmó. (APFDigital)
