Malena Galmarini mantuvieron un encuentro este miércoles para avanzar en la agenda articulada que llevan adelante y definir pasos a seguir en lo que refiere al proyecto denominado “Políticas Públicas Federales para el Acceso al Agua y el Saneamiento”.
“Junto a Malena y su equipo avanzamos en el proyecto de Ley de Acceso al Agua y Saneamiento, que ya se encamina a su etapa final rumbo al Congreso de la Nación. Desde AySA y ENOHSA impulsamos esta iniciativa que apunta a transformar las políticas públicas de agua y saneamiento en Políticas de Estado, generando las herramientas jurídicas, operativas y de financiamiento que consolidarán el derecho al agua en todo el territorio
nacional y para todos”, señaló Cresto luego del encuentro, en una publicación en sus redes sociales.
El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo (FUTRASAFODE), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (AFERAS), la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y diferentes organizaciones gubernamentales, académicas y sociales motorizan y acompañan esta construcción conjunta.
El derecho al agua como primer derecho
“El objetivo de este cuerpo normativo es lograr una herramienta jurídica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que permita consolidar Políticas de Estado que aborden la temática más allá de las gobiernos de turno, para terminar con la injusticia hídrica que impide que millones de personas de todo el país puedan ejercer su derecho al agua segura”, resaltaron desde los equipos técnicos y políticos que trabajan en el proyecto.Explicaron que “en esa línea de trabajo se llevan adelante los Foros Federales “Hablemos del Agua”, que en toda la Argentina multiplican esfuerzos para que el proyecto se convierta en ley”. Se trata de foros destinados a potenciar la construcción colectiva de la ley entre los distintos actores de la sociedad, como comunidades, provincias, municipios, universidades y ONG.
