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Todo sucedió el viernes pasado, cuando en una reunión se analizaban los pasos a seguir con la empresa estatal Corredores Viales. Hasta ese momento, había una decisión tomada: el primer día de abril, la actual concesión de la principal vía del Mercosur, que corre sobre la traza de la ruta 14 y explota el tramo de los puentes Zárate-Brazo Largo y el que une Rosario con Victoria pasarían a manos del Estado.

Para esa fecha, vence (o vencía) un plazo que la Justicia le había otorgado a la firma Caminos del Río Uruguay (CRUSA), explotadora de la ruta. Se había decidido que todo ese camino mesopotámico pasara a ser operado por la estatal conocida como Corredores Viales, y que la planta de la empresa, excepto los jerárquicos, fuera incorporado a la mencionada firma nacional.

Pero, según señala el diario La Nación, finalmente, los técnicos del Gobierno encontraron un artículo para que la cuestionada concesión no pase a manos del Estado. Así, se decidió que, a partir del 1° de abril, se volverá a dar un plazo de otros seis meses. En ese lapso, no tan extenso para los tiempos administrativos, la administración Milei intentará llegar a una solución que integre la inversión privada.