La presentación de quien también fuera vicegobernador de la provincia en el período 1987 y 1991 y transita su sexta intendencia en Santa Elena, a donde llegó como candidato de Más por Entre Ríos, apunta contra “fiscales y auditores del Tribunal de Cuentas, así como contra vocales jubilados y renunciantes, señalando su responsabilidad en la falta de control y encubrimiento de un saqueo sistemático de los recursos públicos de la provincia”.
La denuncia, con fecha 14 de febrero, considera que hubo “irregularidades graves en organismos clave como IOSPER, la Legislatura, ENERSA y la Dirección Provincial de Vialidad, donde durante años se han desviado miles de millones de pesos mediante contratos simulados, licitaciones direccionadas y pagos desproporcionados sin justificación”.
Siempre de acuerdo a la presentación de Rossi, “se ha permitido la consolidación de un entramado corrupto, sin que los organismos de control hayan intervenido para evitarlo, generando un perjuicio millonario para el Estado y los ciudadanos entrerrianos”.
En el comunicado se apunta que, la denuncia pone bajo la lupa “sueldos desproporcionados y ocultamiento de deudas en IOSPER, con pagos de hasta 16 millones de pesos a empleados sin justificación”.
También, en la denuncia, se señalan “contratos con sobreprecios en ENERSA y Vialidad, otorgados sin licitación y direccionados a empresas vinculadas con funcionarios”.
Como así también “el escándalo de los Contratos Truchos en la Legislatura, donde se desviaron más de 4.900 millones de pesos en contrataciones fraudulentas”. Agregando que, en este caso, se trataba de “una organización comandada por dos estudios que tenían incluso terminales de PAGO DE IMPUESTOS, donde se estima que ahí se llevaba adelante la contratación, pago, puesta en regla en organismos tributarios de más de 500 contratos sin que ningún FISCAL o AUDITOR sospeche mínimamente porque había diputados con 5 o 6 contratos y otros que firmaban, 70, 90 o 200”.
Todo esto, bajo la presunta “inacción deliberada del Tribunal de Cuentas, cuyos fiscales y auditores omitieron denunciar estos desfalcos, consolidando un sistema de corrupción estructural”, afirma Rossi en la denuncia presentada, donde se solicita “la urgente investigación penal de los funcionarios involucrados, así como la apertura de sumarios administrativos y acciones judiciales que permitan sancionar a quienes, por acción u omisión, han permitido el saqueo de los recursos públicos entrerrianos”.
