En Concordia
Aquella mujer, oriunda de Uruguay, denunció un conjunto de atrocidades que fueron cometidas en 1977 contra ella y otros ciudadanos del vecino país en Concordia, donde residían.Las otras víctimas también confirmaron los mismos hechos en sus declaraciones: los secuestraron, torturaron y luego los trasladaron en forma clandestina al otro lado de la frontera. Algunos fueron liberados de inmediato y otros permanecieron detenidos durante muchos años. Además de confirmar que el Cóndor anidó en la Capital Nacional del Citrus, la investigación permitió que por primera vez en la historia de las causas por crímenes de lesa humanidad en Entre Ríos, los delitos sexuales sean considerados en forma autónoma como parte del plan represivo, y no ya meramente enmarcados en las torturas como lo fueron hasta ahora.
La causa
Según públicó el periodista Alfredo Hoffman en Diario UNO, al mail inicial del año pasado le siguió una pregunta con su respuesta. Mariana Larobina, investigadora del Registro Único de la Verdad, se sorprendió al leer en uno de esos correos un nombre que le resultaba conocido. Le preguntó si podían hablar por teléfono y resultó ser un hermano de la denunciante, que también había sido secuestrado en esa oportunidad y de quién se tenían vagas referencias.Resultó también que en total fueron siete las víctimas del Plan Cóndor en Concordia, dos mujeres, cuatro hombres y un niño. Fueron detenidos ilegalmente, llevadas a la Jefatura de Policía, a dos centros clandestinos de detención, a la Unidad Penal de la ciudad y finalmente trasladados a la República Oriental del Uruguay, algunos por agua, otros por el puente de la represa de Salto Grande. Dos de ellos permanecieron detenidos hasta bien entrada la década del 80.
En más de 40 años, los hechos denunciados no figuraban en ningún expediente judicial. Esto cambió cuando la ciudadana uruguaya accedió a declarar en tribunales.
El relato
En 1977, esa mujer llegó a Concordia desde Uruguay junto a uno de sus hermanos, su cuñada y el hijo de ambos, que por entonces tenía 3 años de edad. El 3 de julio de ese año, la secuestraron varias personas que se trasladaban en dos autos y que llegaron hasta la casa donde vivía preguntando por otro de sus hermanos, quien también se encontraba en la ciudad. La llevaron hasta donde él trabajaba y allí apresaron al muchacho y a otros dos uruguayos. Eran obreros que construían un quinchado en el Hostal del Río, popular boliche bailable ubicado en el parque San Carlos (en esa época, parque Rivadavia).El relato de la denunciante es que su hermano y las otras dos personas tuvieron un problema con el dueño de la construcción por un entredicho laboral. El hombre llamó a la Policía. Fue así que la fuerza de seguridad llegó hasta ellos y corroboró que eran requeridos por la dictadura uruguaya, porque eran militantes del Partido Comunista Revolucionario del vecino país.
Una vez ingresados a la Jefatura de Policía, se presentó un militar uruguayo. Allí comenzaron los vejámenes e interrogatorios. A la noche, ella fue encapuchada y llevada en un auto a un lugar que todavía no ha podido identificar completamente. Era una casa vieja, abandonada, a la que se llegaba cruzando un “puentecito”. Ahí la torturaron, la golpearon salvajemente y sin pausa durante un largo tiempo. Sufrió abusos sexuales frente a su hermano, que también estaba allí junto a los otros dos, siendo torturados. Luego fueron todos trasladados a otro lugar, donde ella perdió el conocimiento durante las torturas. Al despertar estaba sobre una cama. Vio allí a los compañeros de su hermano, esposados en una habitación, pero no a él. Se había escapado.
Por la noche retornó el grupo de tareas, incluido el abusador. La subieron a un auto y salieron a buscar al hermano. Dieron vueltas por Concordia sin encontrarlo. Finalmente, los tres fueron llevados a la Unidad Penal, donde les tomaron sus datos y permanecieron durante 15 días ella y más de 20 los otros dos. Era cárcel de varones, pero igualmente encerraron allí a una mujer. En el penal fue nuevamente abusada por el mismo genocida. La sacaron de la cárcel integrantes de la Policía Federal Argentina, incluido el abusador. La llevaron de nuevo a la Jefatura Departamental de Policía. Ahí estaban su otro hermano, su cuñada y el pequeño hijo de ambos. Los cuatro fueron llevados a la costa del río Uruguay, subidos a una lancha y trasladados hasta el vecino país, donde recuperaron la libertad.
Los dos trabajadores que construían el techo del Hostal del Río junto al hermano de la denunciante fueron sacados de la cárcel entre el 26 y 27 de julio. Los llevaron hacia una ruta, los subieron a la caja a una camioneta del Ejército uruguayo, los taparon con ponchos y les apoyaron la punta de los fusiles sobre sus cuerpos. Cruzaron hasta la ciudad de Salto a través del camino de la represa de Salto Grande. Permanecieron detenidos en los cuarteles salteños, sometidos a trabajo esclavo, y liberados recién en 1982.
El que había logrado escapar por una ventana de uno de los centros clandestinos de detención fue nuevamente capturado, llevado a la cárcel de Concordia y torturado. Después lo llevaron en un auto hasta el aeropuerto de Paraná, lo encapucharon y encerraron en una habitación de una construcción cercana a la pista, donde permaneció aproximadamente cinco días. Luego lo subieron a un avión, que aterrizó en el aeropuerto de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en tierra lo introdujeron en un lugar a 200 metros de la autopista panamericana, donde había otras personas detenidas. Allí protagonizó su segunda fuga.
Además de estas siete personas (tres hermanos, la esposa de uno de ellos, el hijo y los otros dos trabajadores) en este episodio hubo otras dos víctimas argentinas que la Justicia todavía no pudo ubicar.
Volver al lugar de los hechos
Los sobrevivientes de este infierno volverán por primera vez al lugar de los hechos el jueves 21 de abril, para participar de una serie de inspecciones judiciales por los sitios donde todo ocurrió.Recorrerán la Jefatura Departamental de Policía, situada frente a la plaza 25 de Mayo; el Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues, la Unidad Penal N° 3 y un lugar donde se supone que estaba uno de los centros clandestinos de detención donde permanecieron secuestrados y torturados: el Donovan Polo Club, que ya fue identificado por otras víctimas en otras causas. Es un espacio a pocas cuadras del Ejército, sobre la costa del río Uruguay, que hoy está muy cambiado con respecto a lo que era en la época de la dictadura.
“Emocionalmente va a ser muy fuerte, porque de los tres hermanos uno murió y los otros dos no se vieron nunca más desde la época de los hechos. Con el resto de los compañeros tampoco. Se van a reencontrar durante las inspecciones”, dijo a UNO la fiscal Josefina Minatta.
Además de las víctimas y la fiscal, en la ocasión estará también el juez de la causa, Pablo Seró, las defensas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se constituyó como querellante a través de la abogada Lucía Tejera, y el Registro Único de la Verdad.
Los acusados
“A partir de la denuncia empecé a investigar los hechos y a revisar las causas viejas de Concordia. Me encontré con los nombres de las víctimas como ingresos en la Policía en julio de 1977, y con testimonios de guardiacárceles de la época que recordaban haber visto a una chica de nacionalidad uruguaya en pésimas condiciones por la tortura”, detalló la fiscal Minatta sobre su trabajo en la causa.“Luego comencé a intercambiar información con el fiscal de lesa humanidad de la República Oriental del Uruguay, Ricardo Perciballe, quien me proporcionó mucha información de interés para la causa. Hoy estamos en condiciones de citar a indagatoria a tres militares argentinos que en la época estaban en funciones en el Regimiento Blandengues de Concordia”, agregó.
Uno de esos represores fue quien participó del traslado del detenido desaparecido Jorge Emilio Papetti, el por entonces jefe de Inteligencia, Juan Ignacio Aleman; otro era un integrante de la patota, Miguel Ángel Galeano, y el tercero era el jefe del Regimiento, Naldo Miguel Dasso, sobre quien ya pesan dos condenas a prisión perpetua. Además, la Fiscalía pidió citar a quien es sindicado como el posible violador, Héctor Aníbal Amarillo, pero falleció recientemente y no podrá ser sometido a proceso.
Además, hay dos militares uruguayos en la mira, que pertenecían al Regimiento de Salto.
Documentos
La fiscal Minatta aseguró que hay pruebas de intercambio de información entre las dictaduras de ambos países, en el marco de lo que se conoció como el Plan Cóndor. “Lo que obtuvieron en la tortura en Argentina, lo pasaron a Uruguay. Hay ‘rollos’ desclasificados de la Inteligencia uruguaya donde consta que se trata de información obtenida por el Regimiento de Concordia. Evidentemente, estamos en condiciones de afirmar que sí hubo coordinación y que esta coordinación fue perfecta”, afirmó.Así también lo confirma la presencia de militares uruguayos en los centros clandestinos de detención de Concordia e inclusive un viaje de Naldo Miguel Dasso a Salto después de haber entregado a las víctimas. Otro dato es la coordinación para la entrega de los detenidos: hubo un camión del Ejército argentino que los llevó hasta la mitad del puente Salto Grande y otro camión uruguayo que los retiró desde ahí.
Delitos sexuales
“Este es el primer caso de la provincia en que se van a someter a proceso los delitos sexuales de la dictadura. Si bien tuvimos noticias de testimonios de otras causas, donde mujeres secuestradas habían denunciado haber sido violadas, abusadas sexualmente o humilladas por su condición sexual, va a ser la primera vez que se haga una imputación formal por este delito. Es algo novedoso para nuestra jurisdicción”, resaltó la fiscal Josefina Minatta.“La manera tradicional de imputar era incluir estos delitos dentro de las torturas, pero la forma correcta de hacerlo, sobre todo a partir de una recomendación de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, es llamar a las cosas por su nombre: no fue torturada, fue torturada y violada, se cometió otro delito aparte de la tortura”, agregó.
