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Según explicaron desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres de Entre Ríos (CEYDAS), desde la dirección de Recursos Naturales de la provincia “convocaron una reunión con extrema discreción el pasado miércoles 22 de febrero en el Centro de Convenciones Papa Francisco de Villaguay”, con el objetivo de “abordar temas vinculados a la caza menor y al turismo cinegético”.

A su vez, destacaron que en el encuentro “estuvieron presentes varios funcionarios provinciales como la secretaria de Ambiente, Daniela García, además de representantes de clubes y cotos de caza y de las fuerzas públicas”, pero “no se invitó a instituciones ambientalistas ni a referentes del sector turístico”.

“Los técnicos de la dirección de Recursos Naturales indicaron que se están realizando los primeros estudios sobre poblaciones de aves autóctonas a fin de conocer sus estados poblacionales para así determinar especies y cupos para su cacería”, indicaron a través de las redes sociales del CEYDAS y mencionaron que “si bien –a priori– tales estudios indican un descenso en las poblaciones de aves, esto se debería –según estos funcionarios– a cuestiones de índole climática como la extrema sequía o a la destrucción de sus hábitats”.

Por otra parte, desde el sector ambientalista, el referente del CEYDAS, Gabriel Bonomi, manifestó que “no conoce ninguna ONG ambientalista entrerriana que haya sido invitada a la reunión y mucho menos a participar de los estudios”, por lo que “la actitud del gobierno de desconocer e ignorar al sector ambientalista, habla a las claras de su incapacidad para trabajar de manera participativa con todos los actores y de su poco interés en la protección del patrimonio natural de la provincia”.

Finalmente, desde la organización recordaron que “en 2022 el gobierno de Entre Ríos recibió un duro revés judicial cuando –tras un recurso de amparo presentado por nueve instituciones ambientalistas y animalistas– debió dar marcha atrás con la Resolución N° 1099, que pretendía habilitar la caza de aves autóctonas sin contar con estudios de ninguna índole ni tener la capacidad para controlar ni fiscalizar la actividad”.

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Ambiente