La docente narró que mientras desarrollaba el dictado de sus horas de clase dicadas a la materia de “Formación ética y ciudadana”, “de manera sorpresiva ingresó la rectora de la institución, con tres policías, al aula”.
“Los efectivos de la policía de Entre Ríos con sus armas reglamentarias en sus cinturones, le piden a las y los pibes que vacíen sus mochilas, por lo que intento desesperadamente detenerlos, planteando que era mi hora cátedra y que los y las estudiantes estaban a mi cargo; que de ninguna manera las fuerzas pueden entrar a una institución educativa y mucho menos interrogar a menores de edad”, completó la narrativa la profesora.
Al tiempo que agregó que “la rectora haciendo uso de su jerarquía plantea, contestó que ella autorizaba la requisa de estudiantes de 13 y 14 años” y sostuvo que en ese momento “dos estudiantes se ponen a llorar, se genera un ámbito de miedo, culpabilidad y responsabilidades cruzadas entre las y los pibes. Luego, retiran a algunos pibes y los interrogan fuera del aula, a varios de ellos sin acompañamiento de ningún adulto/a responsable”.
Almada detalló el contexto de la situación y precisó que “se dio porque un estudiante habría llevado a la escuela un cuchillo o navaja, problemática para la cual ya existe un protocolo de actuación en ámbitos escolares, que en este caso claramente, no se aplicó”.
En ese marco, la docente aseguró que se sintió “realmente avasallada en mis derechos como docente, pero sobre todo fueron avasallados los derechos de las y los gurises que claramente no pudieron continuar en clases, porque se generó una situación terriblemente persecutoria y criminalizadora”.
Además sostuvo que “en los pasillos de la escuela permanecieron por más de una hora, más de diez policías y fuera de la institución, varios patrulleros”.
La profesora reconoció que esta situación “es muy compleja en las escuelas, la violencia es moneda corriente, pero somos nosotrxs, las y los adultos responsables, quienes debemos intentar resolver estas situaciones de manera pacífica y siguiendo protocolos de actuación, acercando a las familias e intentando trabajar de manera conjunta”.
Sostuvo que “las y los docentes estamos desbordadas/os por la cantidad de problemáticas sociales que vivimos a diario, está claro que existe la necesidad imperiosa de más horas cátedras de acompañamiento, mas cargos de preceptores, referentes ENIA, psicologxs, operadores sociales, más presupuesto para la aplicación efectiva de la ESI, entre otras tantas cosas. Pero de ninguna manera podemos perder de vista que las y los pibes están bajo nuestro cuidado, somos sus docentes y debemos defender sus derechos. ¡No son delincuentes!”.
Al tiempo que para cerrar su descargo y correspondiente comunicado enfatizó el pedido: “¡Basta de criminalizar a las y los estudiantes!”.
