Pasaron cuatro años de ese aciago día que cambió definitivamente el rumbo de más de 80 familias que todavía hoy padecen las consecuencias de una decisión que se tomó de la peor manera, de ex profeso, para perjudicar a los más débiles, mientras los sinvergüenzas que llevaron todo al colapso siguen impunes. Una impunidad insultante.
Pasaron cuatro años y todavía las indemnizaciones no se han abonado, a pesar de que la empresa sigue recibiendo una generosa suma de dineros públicos. Es una decisión política que en algún momento los funcionarios debieran explicar: ¿Por qué un diario que cada vez se lee menos recibe cada vez más pauta oficial?
Los dueños de SAER –algunos conocidos, otros en las sombras– han esgrimido que no hay dinero para cumplir con el pago de las indemnizaciones, con lo cual las leyes que debieran proteger a los trabajadores se han vuelto letra muerta.
Esa supuesta falta de recursos, sin embargo, no es otra cosa que una falacia. Las pericias contables demuestran que SAER cuenta holgadamente con bienes inmuebles y capital para saldar sus deudas.
A lo largo de estos años, el poder del Estado solo ha tratado de salvaguardar los intereses de quienes han saqueado El Diario. Pautas oficiales millonarias, condescendencia en obligaciones tributarias y la vista gorda ante los desmanejos empresariales solo han servido para prolongar la agonía de los despedidos y amparar a quienes siguen negándose a cumplir con la ley apelando a todas las artimañas posibles para eludir acuerdos que permitan el pago de las indemnizaciones. El Estado, pareciera, solo está presente para los empresarios, y ausente –completamente ausente– para los trabajadores.
Pasaron cuatro años de los despidos y el reclamo es el mismo: que aquella famosa sentencia “será justicia”, de una buena vez, se haga realidad.
(*) Nota difundida por ex trabajadores de El Diario.
