Definitivamente, “el gobierno nacional sigue sin entender la verdadera situación del campo”, mencionaron; argumentando que a esta altura “no sabemos si es ahogo en las cuentas, desinformación o venganza”.
Solidario
“Si de solidaridad se trata, en los últimos 8 años el sector agropecuario aportó 100 mil millones de dólares en concepto de retenciones, con la consecuente quita de rentabilidad de la actividad, poniendo incluso en riesgo a muchos productores”, señalaron desde FARER.Para la entidad ruralista entrerriana, “no sólo hemos sido solidarios, sino que fuimos y somos los que más aportes realizamos”. Subrayando que “mientras tanto, el Estado se sigue agrandando y los sueldos de funcionarios, legisladores y del ejército de asesores son cada vez más inverosímiles”.
En el texto, se advierte además que “estamos viendo que se aplican recetas ya conocidas que nos han llevado al fracaso, que ponen el pie sobre la cabeza de los que producimos generando un círculo vicioso que deja cada vez más excluidos”.
“Son medidas que desalientan la producción y el desarrollo económico”, puntualizan desde el sector. Agregando que “sólo les interesa recaudar en el hoy para cubrir los enormes desfasajes que les provoca un Estado elefantiásico cada vez más inoperante y burocrático”.
Soja
Entre los considerando del documento, se especifica que “estos tres nuevos puntos porcentuales de retenciones que se les aplica al mismo sector son insignificantes para las cuentas del Estado Nacional”. Sin embargo – advierten – “son un golpe duro para la ya complicada economía del productor”.Para FARER, si se realizara un ajuste “real y profundo en la política argentina, el ahorro para el Estado sería muy superior en el corto y en el largo plazo” y los “beneficios serían enormes”.
Lucha
Por último, el sector tildó como “desgastante” la situación, adelantando que “en estos días el campo debatirá y definirá cómo sigue la lucha”.“Preferiríamos que nos escuchen a tener que idear formas de protesta”, señalan. Pero, al mismo tiempo, detallan que “parece que ya es una metodología habitual que se convoque a las entidades rurales para informarles las medidas y no para dialogar”.
“Ese no es el camino de los consensos”, remata el comunicado.