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En un comunicado enviado a la redacción de Diario Río Uruguay, el Colegio de Abogados de Entre Ríos manifiesto “su enérgico rechazo al comunicado y a las declaraciones realizadas por algunos productores denominados citrícolas autoconvocados, del departamento Federación en el que se denuncia -otra vez- la existencia de una “Industria de Juicio laboral” y “Juicios laborales inventados”, en la que tendrían participación, en connivencia, abogados y trabajadores”.

Cabe recordar que dicha manifestación se realizó en la mañana de este miércoles, por las calles de la ciudad de Chajarí y de la cual participaron más de 200 camionetas y más de 150 máquinas agrícolas, que se trasladaron hacia la zona céntrica y finalizaron su protesta en los Tribunales de Chajarí.

Los productores autoconvocados reclamaron al gobierno provincial “medidas urgentes” ante lo que denominaron “las permanentes demandas laborales ‘inventadas’ y abogados que fomentan la ‘Industria del Juicio’”.

En ese marco, desde el Instituto de Derecho del Trabajo de Entre Ríos afirmaron que “esas declaraciones agravian al conjunto de la abogacía y, en lo concerniente a nuestro Instituto, al colectivo de los abogados laboralistas defensores de trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Que la actividad que agrupa a los autoconvocados es una de las que mayor tasa de informalidad registra en materia de contratación laboral”.

Sostuvieron que “es aún más grave, la mayor tasa de siniestralidad laboral que presentan, por lo que resultan inaceptables el despliegue de métodos infaustos que sólo tienen por finalidad ocultar esta informalidad que campea en su sector”.

Recordaron que “los trabajadores son, en los términos de la Constitución Nacional, sujetos de preferente tutela constitucional, y la defensa de sus derechos por parte de los abogados laboralistas es una dimensión fundamental del Estado Social de Derecho”.

Al tiempo que señalaron que este “ataque a los abogados laboralistas no es nuevo, por el contrario, siempre fue intentado por todos los sectores del poder empresario como una forma de recortar sus Derechos Humanos Fundamentales”.

Mientras que indicaron que “en el caso de verificarse fraudes en los reclamos efectuados se deben realizar las denuncias respectivas ante las autoridades respectivas, y evitar el escarnio público y la exposición mediática que lejos de contribuir a afianzar la paz social, inflama los ánimos de la sociedad que habitamos”.

En otro pasaje del comunicado enfatizaron que “no existe industria del juicio, existe industria del incumplimiento de las obligaciones por parte de los empresarios que es la única causa de la denominada litigiosidad”.

Por último, expresaron “el apoyo a los colegas injustamente agraviados por el abogado Labriola de la ciudad de Chajarí, quien ha vertido en medios de comunicación expresiones inaceptables por injuriosas a los mismos, al paso que insta al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos que se arbitren los resortes institucionales para investigar y sancionar en forma condigna la conducta del colega ante probable violaciones a la Resolución CDCAER 1277/76 que rige la actividad profesional”.