En ese marco, recordaron que al inicio del proceso, desde el CAER remarcaron que se debía promover “el respeto a las instituciones creadas constitucionalmente, la independencia de los poderes del Estado y la libertad de actuación de los órganos constitucionales”.
Es por eso que con la sentencia conocida en el Jurado de Enjuiciamiento a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, “volvemos a manifestar que se deben respetar los procesos constitucionales y cuando así no suceda, la sociedad argentina debe saber que este Colegio permanecerá atento e institucionalmente organizado.
No cederemos a presiones de ningún tipo ni nos alejaremos de los principios que nos han mantenido por décadas, con las manos libres y la voz fuerte para contribuir al regular funcionamiento de las instituciones de la República -y en su caso- para continuar denunciando los desvíos del buen funcionamiento de los poderes del Estado a fin de afianzar el valor Justicia y los derechos constitucionales de todos y todas”, sostuvieron.
En otro párrafo subrayaron que “quienes ejercen la abogacía son parte indispensable para la administración de Justicia en el Estado Constitucional de Derecho. La Abogacía es una profesión libre e independiente, que presta un servicio a la sociedad en interés público y se ejerce en régimen de libertad, en defensa de derechos e intereses públicos o privados, en orden a la paz social, a la efectividad de los derechos, libertades fundamentales y a la justicia. Son principios rectores y valores superiores del ejercicio de la abogacía los de independencia, libertad, dignidad e integridad”.
En este sentido, desde el CAER “destacamos la participación de los y las profesionales que intervinieron en las dos composiciones del Jurado de Enjuiciamiento que participaron en este caso.
Sin perjuicio de ello sabemos que el caso no resultará satisfactorio para unos u otros, y seguramente transitará por las vías recursivas de rigor, pero justamente es dicha circunstancia la que garantiza la efectiva tutela jurisdiccional por la debemos bregar, entendemos que atento los intereses en juego, debe ser el máximo tribunal de la Nación quien resuelva en forma definitiva la cuestión en análisis.
Así como valoramos al Jurado de Enjuiciamiento como órgano vital en el funcionamiento democrático, advertimos a los estamentos políticos, tal como lo hemos hecho en varias oportunidades, que Entre Ríos debe reglamentar de manera urgente todos los organismos propuestos en la reforma Constitucional del año 2008, para adaptarlos a los tiempos que corren”, concluyeron.
